La Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió el control de cinco hoteles boutique ubicados en Cartagena y Barú, todos vinculados al noble belga Henri de Croÿ, tras medidas cautelares decretadas por la Fiscalía General de la Nación por presunto lavado de activos. Esta intervención también incluye el aseguramiento de tres vehículos: una camioneta Foton del año 2020 y dos motocarros TVS del 2021. Los inmuebles pertenecen a sociedades como Persoc Group, Falur Corp y Casa Córdoba S.A.S., presuntamente ligadas a actividades ilícitas provenientes de una organización delincuencial con origen en Europa, en la que también figuran nombres como María del Socorro Patiño Córdoba, sobre cuyos bienes se impusieron restricciones.
Los hoteles intervenidos son el Hotel Casa Barú, con una adquisición valorada en 179 millones de pesos sobre 12.000 metros cuadrados, así como Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, Casa Córdoba Cabal y Casa Córdoba Cuartel. Persoc Group invirtió alrededor de 7.000 millones de pesos en las propiedades Estrella, Román y Cuartel, mientras que Falur Corp pagó 1.175 millones de pesos por Casa Cabal. Estas compras se realizaron por debajo del avalúo comercial y datan desde 1997, canalizadas a través de empresas registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Emiratos Árabes Unidos y Panamá.
Antecedentes del «Príncipe Negro»
Henri de Croÿ, apodado el «Príncipe Negro» desde el año 2000 por un escándalo de fraude fiscal en Bélgica, enfrenta investigaciones en Europa por blanqueo de capitales y fraude fiscal revelados en los «Dubái Papers» de 2018. En 2012 fue condenado a tres años de prisión, aunque absuelto en 2015. Justo tres meses después de esa filtración, se constituyeron en Panamá las sociedades Persoc Group y Falur Corp, utilizadas para las transacciones inmobiliarias, todas realizadas ante la misma notaría en un solo día.
La medida de la SAE busca frenar el flujo de capitales sospechosos y proteger el sector turístico de la región, evitando que bienes presuntamente provenientes de delitos como el fraude fiscal en Bélgica, que ascendió a 75 millones de euros, sigan operando bajo estructuras opacas. Esta acción subraya el compromiso de las autoridades colombianas con la transparencia en el mercado inmobiliario y hotelero de destinos clave como Cartagena y Barú.
