El gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció el pasado 29 de diciembre mediante decreto presidencial el nuevo salario mínimo para 2026, fijado en 1.750.905 pesos, junto con un auxilio de transporte de 249.095 pesos. Esta medida eleva el total percibido por el trabajador a 2.000.000 pesos mensuales, representando un incremento promedio del 23,7% respecto a 2025, pero implica un costo real para los empleadores de 2.995.642 pesos por cada trabajador en salario mínimo, al incluir aportes obligatorios en seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales y riesgos laborales.
La decisión, tomada sin concertación previa según críticos del sector privado, ha generado preocupación en el ámbito empresarial por su impacto en los gastos laborales y la generación de empleo formal. La Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), representada en este debate por figuras como la abogada María Montalvo, realizó un estudio consultando a más de 150 organizaciones, que reveló que las empresas esperaban un ajuste salarial promedio del 6,2%, muy por debajo de lo decretado.
Reacciones del sector empresarial ante el incremento
Acrip ha advertido que este aumento se sitúa por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso supera la inflación proyectada, lo que constituirá un gran reto para el sector. La entidad enfatiza los riesgos para la productividad y el empleo formal, especialmente en el contexto de la inminente reforma laboral, y solicita al gobierno no ligar otros incrementos básicos al salario mínimo para evitar un efecto cascada que dispare los precios en la economía nacional. Además, pide un acompañamiento estatal en la creación de puestos de trabajo formales.
“está por encima de la realidad financiera y productiva de las empresas, e incluso de la inflación proyectada, lo que sin duda constituirá un gran reto para el sector empresarial”
Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip)
Este decreto marca un nuevo capítulo en las políticas laborales del gobierno Petro, equilibrando el deseo de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con los desafíos que impone a las empresas en un entorno económico complejo, donde la formalización del empleo sigue siendo una prioridad nacional.
