El salario mínimo en Colombia para 2026, fijado en dos millones de pesos, traerá cambios significativos en la liquidación de las vacaciones para trabajadores y empleadores en todo el país, a partir del 1 de enero de ese año. Según el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo, este pago se calculará con base en el salario vigente al momento en que inicie el descanso, lo que significa que las vacaciones generadas en el año anterior se liquidarán con el nuevo monto si el periodo de descanso comienza después de esa fecha, garantizando así que los empleados se beneficien del aumento salarial independientemente de cuándo se originó el derecho.
El cálculo de la liquidación se realiza mediante la fórmula que multiplica el salario mensual por los días laborados desde el último periodo vacacional y divide el resultado por 720, un factor que considera el año laboral promedio. Por ejemplo, para un trabajador con salario mínimo de dos millones de pesos que haya laborado 360 días, la liquidación ascendería a un millón de pesos por 15 días hábiles de vacaciones anuales. Este beneficio aplica a partir de un mínimo de seis días hábiles por periodo, y el ajuste reciente del salario mínimo incide directamente en las prestaciones sociales, sin que la reducción de la jornada laboral modifique la base de cálculo salarial.
Regulaciones y límites de acumulación
El derecho a estas vacaciones está regulado por el Decreto 1072 de 2015 y el Código Sustantivo del Trabajo, que establecen que la acumulación máxima es de dos años en general, aunque puede extenderse hasta cuatro años para cargos de confianza, técnicos o extranjeros, siempre y cuando exista un acuerdo expreso entre el trabajador y el empleador. Esta norma busca proteger los derechos laborales en un contexto de incrementos salariales, asegurando que los empleadores apliquen el salario vigente al inicio del descanso para evitar perjuicios a los empleados.
Con este cambio, los trabajadores colombianos podrán disfrutar de un mayor valor en sus prestaciones vacacionales, lo que representa un avance en la protección social ante los ajustes económicos anuales, y obliga a las empresas a actualizar sus sistemas de nómina para cumplir con la normativa vigente desde el próximo año.
