En Colombia, el salario mínimo mensual para 2026 ascenderá a 1.746.882 pesos, acompañado de un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que representa un incremento del 23,7 por ciento respecto al año anterior. Esta medida impacta directamente a las empleadas domésticas, un sector que abarca entre 700.000 y 800.000 personas, de las cuales entre el 94 y el 98 por ciento son mujeres, y establece pagos obligatorios a la seguridad social que oscilan entre 78.606 y 213.546 pesos mensuales. La representante sindical Jenny Hurtado, del servicio doméstico, ha destacado la importancia de esta formalización para garantizar derechos laborales básicos.
A partir del 1 de enero de 2026, los empleadores deberán afiliar obligatoriamente a estas trabajadoras a sistemas de salud, pensión y riesgos laborales a través de la planilla PILA, además de formalizar contratos por escrito para internas, externas o por días. El valor diario totaliza 66.700 pesos, desglosado en 58.364 pesos de salario más 8.437 pesos de auxilio de transporte, permitiendo cálculos proporcionales según los días laborados, con prestaciones como prima y vacaciones ajustadas en igual medida. El auxilio de transporte aplica solo si la trabajadora no reside en el domicilio del empleador y la suma total no excede los 4.000.000 pesos mensuales, equivalente a dos salarios mínimos.
La Reforma Laboral y su impacto en el sector doméstico
Esta actualización del salario mínimo se enmarca en la Reforma Laboral, diseñada para formalizar un sector tradicionalmente informal donde predominan las mujeres en condiciones vulnerables. Los contratos por días son legales siempre que respeten el salario mínimo proporcional y el auxilio correspondiente; por ejemplo, para una jornada de dos días por semana, se multiplica el valor diario de 66.700 pesos por las jornadas mensuales estimadas. Sin embargo, expertos advierten posibles impactos negativos, como la reducción de jornadas laborales, pérdida de empleo o la eliminación de beneficios como la alimentación en el lugar de trabajo, junto con sanciones legales por omisión de aportes a la seguridad social.
La iniciativa busca proteger a este segmento del mercado laboral colombiano mediante garantías contractuales y aportes sociales obligatorios, promoviendo una mayor equidad y estabilidad para miles de hogares que dependen de estas trabajadoras. Jenny Hurtado subraya que, pese a los desafíos iniciales, esta medida representa un avance hacia la dignificación del trabajo doméstico en todo el país.
