El salario mínimo de 2026, de fijarse por la inflación local de cada ciudad, podría generar disparidades regionales: Pereira tendría un mínimo superior a 1.509.000 COP y sería la cifra más alta, mientras Santa Marta quedaría cercana a 1.461.100 COP, con una diferencia de 48.147 COP entre los extremos. En la actualidad, el salario mínimo vigente es de 1.423.500 COP y la inflación nacional, medida por el IPC, alcanzó 5,18% hasta septiembre de 2025; sin embargo, la dinámica local muestra diferencias acentuadas, con Pereira registrando 6,09% y Santa Marta 2,64%, lo que alimenta el debate sobre regionalización y sus efectos sobre el poder adquisitivo de los colombianos.
La discusión, que se ha movido en círculos oficiales y académicos, gira en torno a la posibilidad de fijar el salario mínimo 2026 por la inflación de cada ciudad y regionalizar el ingreso mínimo. Sobre la mesa están estimaciones para Pereira, Santa Marta y ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Armenia, Riohacha y Valledupar, respaldadas por el análisis de entidades como Dane, Andi, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Ministerio del Trabajo, y con aportes de figuras como Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, y Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo. Además, el panorama incorpora la mirada del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y la firma Holland & Knight. Se señala que el cálculo se apoyaría en la inflación local y en la comparación con el IPC nacional, así como en la utilización de las 25 líneas de pobreza segmentadas por Dane para regiones, con el objetivo de medir el impacto en la capacidad de compra y la equidad territorial.
Regionalización del salario mínimo: entre la promesa y los riesgos
El marco institucional y político para avanzar hacia una regionalización enfrenta un camino complejo. En Pereira se proyecta, con robustas cifras de costo de vida, un mínimo por encima de la media nacional; en Santa Marta, por el contrario, la menor variación de IPC entre las ciudades citadas podría atenuar el aumento relativo. En Bogotá, la estimación por regiones sitúa el mínimo en 1.500.631 COP, mientras que ciudades como Bucaramanga y Armenia están previstas por encima del promedio nacional, lo que alimenta la idea de que una regionalización podría beneficiarlos, pero también podría complicar la gestión para empleadores que operan en varias regiones.
«aún no existen estudios oficiales ni consensos políticos suficientes para establecer salarios mínimos diferenciados» – Gloria Inés Ramírez, exministra del Trabajo
La dirección del debate apunta a reformas legales y constitucionales necesarias para materializar la regionalización. Según Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, esto implicaría una reforma legal que el país debe emprender con rapidez, ya que el Dane segmentó las líneas de pobreza para 25 regiones, incluidas las áreas urbanas y rurales más pequeñas, y el Gobierno nacional ya conoce esas referencias para diseñar una ruta de implementación. En la práctica, la discusión continúa sin avances oficiales del Ejecutivo, pese a la reunión de la Comisión Permanente de Concertación el 15 de septiembre, que dejó abiertas las posibilidades y los retos de la regionalización.
«esto implica una reforma legal que el país tiene que dar rápidamente en la que el Gobierno nacional ya conoce las líneas de pobreza del país, ya que el Dane las segmentó para 25 regiones, incluidas las pequeñas áreas urbanas y rurales» – Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane
En términos prácticos, los analistas señalan que una regionalización podría traducirse en mayor equidad para trabajadores en ciudades con costo de vida elevado, pero también podría derivar en migración interna hacia ciudades con salarios mínimos más altos y, para las empresas con operaciones en varias regiones, mayor complejidad administrativa y costos de cumplimiento. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que, para avanzar, sería indispensable una reforma constitucional, y, si se concreta, requerirá de una revisión de la legislación laboral para ajustar mecanismos de fijación y vigilancia de los salarios mínimos. En este marco, este medio cubre el tema desde Manizales, siguiendo de cerca a Pereira, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga, Armenia, Riohacha y Valledupar, para entender el impacto local y las dinámicas nacionales.
En síntesis, el objetivo detrás de fijar el salario mínimo por inflación local sería aumentar el poder adquisitivo y, potencialmente, la equidad territorial, pero el camino está sujeto a cambios legales y a posibles efectos colaterales como migración y complejidad administrativa para las empresas. La discusión continúa en la Comisión, con la mirada puesta en las cifras de inflación al septiembre de 2025 y en las proyecciones regionales, mientras la ciudadanía espera respuestas claras sobre si la regionalización se volverá realidad y cómo impactaría el costo de vida en ciudades destacadas como Pereira, Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga, Armenia, Riohacha y Valledupar. Este despacho mantiene el seguimiento y la contextualización de este tema de interés nacional y regional en su agenda informativa.
