El presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó un incremento del 23% en el salario mínimo para el año 2026, fijándolo en 1.750.905 pesos mensuales, lo que suma un total de 2.000.000 pesos incluyendo el auxilio de transporte. Esta medida busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores al evitar incrementos desproporcionados en tarifas esenciales, desindexándolas del salario mínimo y ajustándolas en su lugar a mecanismos como el IPC, la UVT, la inflación oficial, contratos de concesión, la UVB y regulaciones sectoriales específicas.
La decisión surge en un contexto de inquietud generada por la reciente fijación del salario mínimo, donde existían temores por posibles alzas automáticas en precios y servicios. Sin embargo, según la ley vigente, rubros como los arriendos de vivienda solo se ajustarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que el SOAT lo hará por IPC y UVT. Los peajes en vías nacionales y concesionadas seguirán la inflación y los contratos de concesión, y las multas de tránsito se calcularán en UVB con ajustes por inflación oficial.
Rubros esenciales con ajustes independientes
Los servicios públicos, que incluyen agua, energía, gas y aseo, se regirán por costos operativos, regulaciones sectoriales e inflación, sin vinculación directa al salario mínimo. En el caso de la educación privada, como matrículas y pensiones, los aumentos dependerán de políticas internas y la inflación, siempre respetando límites legales. Además, se prevén incrementos indirectos en sectores intensivos en mano de obra al mínimo salarial, tales como vigilancia y aseo en conjuntos residenciales, así como servicios privados como consultas médicas.
Esta desindexación representa un cambio clave para estabilizar el bolsillo de los colombianos, priorizando fórmulas técnicas sobre el salario mínimo y respondiendo a la necesidad de controlar la inflación en gastos cotidianos esenciales.
