El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el establecimiento del salario mínimo para 2026, que registrará un incremento del 23% y alcanzará los $1.750.905 mensuales, sumando el auxilio de transporte elevaría el total a $2.000.000. Sin embargo, esta medida incluye la desindexación de varios servicios esenciales como arriendos, SOAT, peajes, sanciones de tránsito, servicios públicos y educación privada, los cuales no se ajustarán directamente al nuevo salario mínimo, sino que seguirán criterios como el IPC, UVT, UVB, inflación, contratos de concesión, costos de operación y políticas internas, con el objetivo de evitar incrementos automáticos y preservar el poder adquisitivo de los colombianos.
Esta decisión surge en un contexto de inquietud generada por el reciente incremento salarial, que ha despertado temores sobre posibles alzas en precios y servicios esenciales. La desindexación representa una estrategia del Estado para estabilizar los gastos recurrentes de las familias, aunque expertos advierten sobre aumentos indirectos en rubros ligados a mano de obra ajustada al salario mínimo, como vigilancia, aseo y otros servicios privados.
Servicios esenciales con ajustes independientes
Entre los ítems desindexados, los arriendos se regirán por el IPC, mientras que el SOAT lo hará por este índice y la UVT. Los peajes seguirán la inflación o los términos de sus contratos de concesión, y las sanciones de tránsito se calcularán en UVB con base en la inflación. Por su parte, servicios públicos como agua, energía, gas y aseo responderán a costos de operación, regulación sectorial e inflación, y la educación privada se ajustará por políticas internas e inflación, siempre dentro de límites legales.
De esta forma, el gobierno busca equilibrar el avance en ingresos laborales con la contención de gastos cotidianos, promoviendo una economía más predecible para el año 2026 en todo el territorio colombiano, aunque persisten dudas sobre el impacto real en el bolsillo de los ciudadanos.
