La definición del salario mínimo para 2027, que comenzará a negociarse a finales de noviembre en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, tendrá un impacto directo en las pensiones mínimas que paga Colpensiones, la entidad pública que administra el Régimen de Prima Media. Según proyecciones técnicas, el incremento podría situarse entre el 8% y el 10%, lo que aumentaría las obligaciones fiscales de la entidad y generaría presión sobre el Presupuesto General de la Nación. La discusión, que enfrenta al Gobierno, empresarios y sindicatos, tiene como plazo inicial el 15 de diciembre, con una posible extensión hasta el 30 de diciembre, y el nuevo valor regirá desde el 1 de enero de 2027.
El mecanismo es claro: las pensiones equivalentes a un salario mínimo se reajustan en la misma proporción que el incremento de ese ingreso, mientras que las mesadas superiores se actualizan, por regla general, con la inflación anual del año anterior. Esto significa que cualquier aumento por encima de la inflación, que a septiembre de 2026 se ubicó en 6,29% y se proyecta cerca del 7% al cierre del año, genera un efecto de arrastre que obliga a elevar las pensiones mínimas hasta el nuevo salario mínimo, incluso si se reajustaron con inflación. El salario mínimo de 2026 fue de 1.750.905 pesos, y con el auxilio de transporte podría alcanzar los 2 millones de pesos mensuales en 2027.
El desfase presupuestal y las proyecciones técnicas
La negociación de este año llega con un antecedente crítico. El Presupuesto General de la Nación de 2026 se calculó con un incremento supuesto del 7,5%, pero el aumento real fue del 23,7%, generando un desfase que, según el centro de pensamiento económico Anif, dejó a Colpensiones con un faltante cercano a los 3,2 billones de pesos. A ese desbalance se suman las estimaciones del Ministerio del Trabajo, que calcula un faltante de 5 billones de pesos para las mesadas de noviembre y diciembre de 2026, mientras que la Contraloría General de la República lo sitúa en 4,2 billones de pesos. Estos números reflejan la magnitud del desafío fiscal que enfrenta la entidad, que a diciembre de 2025 registró 1.864.080 pensionados, y que con la reforma pensional que entra en vigencia el 1 de abril de 2027 asumirá un papel aún mayor.
Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty, firma especializada en análisis económico y laboral, ha sido clara en su postura técnica. «Mantengo mi postura personal y es que el aumento debería moverse en un rango prudente entre el 8% y máximo un 10%», afirmó. La experta explicó que la discusión debe basarse en la inflación anual como piso, más aproximadamente un punto de productividad, lo que técnicamente llevaría el incremento a un punto de partida cercano al 8%. «Si a ese cierre le sumamos alrededor de un punto de productividad, la discusión arranca técnicamente sobre el 8%», señaló. Rodríguez advirtió que ir más allá del 10% sería «entrar en propuestas desbordadas o en un terreno político que no corresponde a la realidad macroeconómica».
«Un incremento entre el 8% y el 10% es la salida técnica más sensata para proteger el bolsillo de la gente frente a la canasta familiar sin ahogar la caja de las empresas»
Audrey Rodríguez, CEO de Lexacty
El análisis de Anif sobre 1.934.498 pensionados del Régimen de Prima Media refuerza la preocupación. Las diferencias entre los cálculos del Ministerio del Trabajo y la Contraloría pueden explicar parte de la brecha presupuestal, pero el efecto de arrastre es un factor estructural que se repite cada año. Además, las empresas enfrentan costos laborales que incluyen aportes del 8,5% a salud, 12% a pensión, parafiscales, primas y cesantías. Rodríguez indicó que varias compañías ya elevaron precios de sus productos para formar reservas destinadas al pago de nóminas y otras obligaciones laborales, lo que evidencia que el sector productivo también se prepara para el impacto. La discusión técnica, con la inflación como piso y la productividad como variable adicional, marcará el pulso de una negociación que definirá no solo el ingreso de los trabajadores, sino la sostenibilidad financiera de las pensiones mínimas y el equilibrio fiscal de Colpensiones.
