El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un histórico incremento del 23% al salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, que a partir de enero de 2026 alcanzará los 1.746.882 pesos, sumados a un auxilio de transporte de 249.095 pesos, lo que totaliza exactamente dos millones de pesos para cerca de dos millones de trabajadores en todo el territorio nacional. Este ajuste, establecido como referencia contractual y económica, se aplicará de manera uniforme en el país y representa el aumento más significativo en los últimos años, superando incluso el ritmo de la inflación reciente.
El mecanismo detrás de este alza radica en una indexación automática basada en más de 70 bienes y servicios esenciales, lo que garantiza un ajuste realista alineado con la canasta básica y las necesidades cotidianas. Esta medida impactará directamente a los trabajadores formales, independientes, empleadores, pensionados y beneficiarios de programas sociales, generando ajustes en presupuestos familiares y empresariales a lo largo y ancho de Colombia.
Amplio impacto en servicios y costos diarios
Entre los servicios que experimentarán subidas por esta indexación se encuentran los aportes al Sena, multas de tránsito, el Soat, peluquerías, cuidado infantil, reparaciones automotrices, VIS y VIP, servicios domésticos, aportes a la seguridad social, tarifas notariales, exámenes de laboratorio, consultas médicas privadas, lavandería, pasajes intermunicipales, matrículas educativas, cuotas moderadoras de las EPS y administración de copropiedades. Por ejemplo, el valor de los servicios domésticos diarios pasará de 47.450 pesos a 58.364 pesos, reflejando el encarecimiento generalizado. Sin embargo, algunos gastos no se verán afectados por la ausencia de indexación directa en sus estructuras.
Este anuncio del gobierno no solo redefine el piso salarial para millones de colombianos, sino que también marca un precedente en la política económica al priorizar un aumento por encima de la inflación, con el fin de mejorar el poder adquisitivo en un contexto de presiones inflacionarias persistentes. En La Veintitrés Manizales seguiremos monitoreando cómo esta decisión se traduce en la realidad de los trabajadores y empresas de la región.
