El coronel Rolando Ramírez, exdirector de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), estaría a las puertas de su salida de la entidad en medio de un ascenso y traslado, justo cuando crecen los cuestionamientos por su presunta participación en el polémico traslado de internos que desembocó en el denominado “tarimazo” ocurrido en Medellín el pasado 21 de junio, y por su vínculo con la movilización de alias Carlos Pesebre, cuyo nombre real es Freyner Alfonso Ramírez García.
De acuerdo con la información conocida por este diario, el ahora exdirector firmó la resolución que autorizó el traslado de nueve presos desde la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz, ubicada en el municipio de Itagüí, hasta el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín. El operativo, ejecutado el 19 de junio, se realizó en el marco de un evento oficial de acercamientos para la construcción de paz urbana liderado por la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, y en el que participó el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Medellín ya afirmó que el Inpec no contaba con permiso judicial para movilizar a alias Carlos Pesebre fuera del centro carcelario, lo que ha encendido las alarmas sobre la legalidad del procedimiento.
Un traslado bajo la lupa judicial
Las críticas no se han hecho esperar. La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, calificó el procedimiento como una “gravedad mayúscula”, al considerar que se utilizó a una persona condenada con fines políticos. La cabildante sostuvo que el coronel Ramírez habría usurpado funciones judiciales al ordenar la salida temporal de un privado de la libertad sin la debida autorización de un juez, un hecho que, de confirmarse, podría derivar en graves consecuencias administrativas y penales para el exfuncionario.
Mientras tanto, la controversia se agrava con el antecedente de que la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra varios líderes, incluyendo a alias Carlos Pesebre, en el marco de la mesa de paz urbana, pero con una aplicación restringida únicamente a los municipios de Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro. La suspensión, que el mismo ente acusador condicionó a no portar armas ni utilizar prendas militares, ha sido interpretada por algunos sectores como un blindaje judicial a cambio de la participación en estos encuentros.
La salida de Ramírez y el futuro de las investigaciones
La salida de Ramírez del Inpec, confirmada por fuentes oficiales al momento del reporte, se produce en un contexto de múltiples procesos abiertos contra funcionarios de la entidad por este mismo caso. Además, ya se han presentado demandas ante el Consejo de Estado contra varios de los participantes del evento, incluida la senadora Isabel Zuleta, quien ha sido una de las principales impulsoras de estos diálogos de paz urbana en el Valle de Aburrá.
Aunque el coronel Ramírez ha sido ascendido y trasladado, el movimiento no logra disipar las dudas sobre su actuación. Por el contrario, la decisión se da justo cuando los reflectores judiciales apuntan a los responsables del traslado irregular, en un caso que mantiene en vilo la relación entre las autoridades penitenciarias, las decisiones judiciales y la gestión de eventos públicos vinculados a la paz urbana en Medellín. El escándalo, lejos de cerrarse, promete nuevos capítulos en los estrados judiciales y en el escenario político de la ciudad.
