La ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, presentó este viernes 8 de mayo ante el Juez 35 de control de garantías de Bogotá su cuarta solicitud de libertad por vencimiento de términos en el proceso que enfrenta por presuntas irregularidades de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Ortiz, quien permanece privada de la libertad en la Escuela de Carabineros de la Policía desde el 18 de diciembre de 2024, argumentó que han transcurrido 470 días sin que se haya realizado un juicio formal, lo que ha generado obstáculos para presentar pruebas que controviertan las acusaciones de la Fiscalía.
Durante la audiencia, la exfuncionaria enfatizó su interés en esclarecer los hechos y denunció demoras atribuibles a la Fiscalía, que por su parte reportó 475 días transcurridos entre la acusación y esta diligencia. La defensa de Ortiz sostiene que las demoras responden a avances pendientes en la recolección de pruebas técnicas clave, mientras que la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado imputan los aplazamientos a la estrategia de la defensa, que incluyó dos suspensiones de la audiencia de acusación, un recurso de nulidad y una apelación.
Acusaciones de la Fiscalía y denuncias de presiones políticas
Ortiz está imputada por lavado de activos y tráfico de influencias, derivados de supuestas instrucciones dadas a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, para realizar un soborno millonario al presidente del Senado, Iván Name, en el segundo semestre de 2023. Aunque el caso inició vinculado a un contrato de carrotanques en La Guajira, la acusación formal se centra en un contrato en Repelón, Atlántico. El proceso se encuentra en etapa preparatoria de juicio, y Ortiz ha denunciado presiones de la Fiscalía para que declarara en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
“Su Señoría, yo soy la más interesada en que se sepa la verdad y que el país conozca todo lo que ha pasado”.
Sandra Ortiz, ex consejera presidencial
En sus intervenciones, la exconsejera reiteró que acudió varias veces a la Fiscalía antes de la medida de aseguramiento, donde le habrían advertido que, de no acusar a ministros ni presentar chats, procedería la imputación. “No es justo que me castiguen por intentar reclamar mi libertad, es un derecho que yo tengo”, afirmó, añadiendo que posee una carta y trazabilidad remitidas a la entidad. “Las pruebas que estamos esperando son importantes, son contundentes, porque nosotros no vamos a llegar con un océano de pruebas porque son demasiadas. Nosotros tenemos que presentarlas ante un juez de control de garantías porque las necesitamos”, explicó sobre las diligencias pendientes.
“Acudí muchas veces a la Fiscalía antes de que me dieran la medida de aseguramiento (…) porque eso fue lo que me dijeron: ‘si usted no acusa a ministros y no tiene chats, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó”.
Sandra Ortiz, ex consejera presidencial
Contexto político y avances procesales
Ortiz vinculó abiertamente su situación a motivaciones políticas por su vinculación con el presidente Gustavo Petro. “Yo tengo la carta que le envié a la Fiscalía y la trazabilidad que remití. Desde ese momento entendí que esto no era un tema jurídico, sino un tema político. Y si hoy estoy en esta situación —lo digo abiertamente— es por un tema político. Y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo”, declaró. La información se basa en reportes de Colprensa, la Corte Suprema de Justicia y Presidencia/Colprensa, que siguen de cerca el desarrollo del caso en un contexto de tensiones judiciales y políticas.
