En Santa Marta, Colombia, la sociedad civil de América Latina, el Caribe y Europa presentará oficialmente la Declaración de la Sociedad Civil ALC–UE ante los jefes de Estado en la IV Cumbre Celac–UE, una movida destinada a exigir cláusulas vinculantes y compromisos sustantivos en derechos humanos, justicia climática e igualdad dentro de la cooperación birregional. La iniciativa se enmarca en un proceso que arrancó con el Foro de Sociedad Civil ALC–UE celebrado los días 7 y 8 de noviembre de 2024 en la misma ciudad, y que condujo a la presentación de la Declaración el 9 de noviembre de 2024, mientras que la Cumbre Celac–UE tendrá lugar del 9 al 19 de noviembre de 2025, también en Santa Marta. La noticia, desde La Veintitrés Manizales, subraya que la propuesta pretende fortalecer una cooperación birregional basada en diez ejes centrales, con la mirada puesta en un marco que priorice derechos humanos, justicia climática e igualdad.
La presentación está liderada por Inma Alonso, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España, y Andrés Rodríguez, representante del Youth Sounding Board Colombia, quienes encabezan este esfuerzo que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, redes, sindicatos, pueblos indígenas, colectivos juveniles y entidades sin ánimo de lucro. El documento recoge diez ejes centrales para fortalecer la cooperación birregional y propone un marco de derechos humanos que vaya más allá de la clásica asistencia, buscando una cooperación horizontal, participativa y sostenible basada en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos. Entre sus fundamentos se destacan la necesidad de mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil, sindicatos, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y gobiernos locales, con el objetivo de responder a crisis interconectadas y defender los derechos de las comunidades más vulnerables.
Una agenda para una cooperación birregional más inclusiva
Entre los datos clave de la iniciativa destacan que la articulación nació de un proceso que involucró a más de cien organizaciones y que propone, como componentes centrales, avances en derechos humanos, justicia climática, igualdad de género y transformación digital con enfoque de derechos humanos, además de una lucha constante contra la corrupción y la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. En lo económico, el documento propone redefinir el concepto de progreso más allá del Producto Interno Bruto, exigir el cumplimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo en el objetivo del 0,7% del PIB y establecer cláusulas vinculantes en derechos humanos, laborales y ambientales en acuerdos birregionales, como UE–Mercosur y los proyectos de Global Gateway.
«Esperamos de la sociedad civil que nos ayude, en términos de diplomacia, a construir una gobernanza compartida. Por eso hemos insistido en lo que denominamos diplomacia comunitaria, una diplomacia de los territorios» – Mauricio Jaramillo Jassir, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia
El marco estratégico también prevé la creación de un mecanismo birregional permanente de diálogo y seguimiento con participación efectiva de la sociedad civil, sindicatos, juventudes, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y gobiernos locales. En este sentido, líderes como Gustavo Petro, presidente de Colombia, figuran entre los mencionados como parte de un proceso que busca consolidar un marco de gobernanza que fortalezca derechos humanos, justicia climática y transformación digital con un énfasis claro en la dignidad y la igualdad. La cobertura de estos esfuerzos se sitúa en el marco de la Cumbre CELAC–UE, que, según los organizadores, podría marcar un antes y un después en la relación entre las dos regiones, con impactos directos en comunidades vulnerables y en la defensa de la democracia y el estado de derecho.
