El expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, hizo un llamado urgente este miércoles para respetar la “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta, tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018. En un pronunciamiento difundido a través de un video en redes sociales, durante la conmemoración de los nueve años del acuerdo de paz con las FARC en un acto en Bogotá, Santos defendió la norma que protegía este sistema de sitios sagrados para los pueblos indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y solicitó mantener las garantías para estas comunidades ancestrales ante los riesgos que genera esta nulidad.
El Decreto 1500 de 2018, emitido tras años de diálogo con las autoridades tradicionales, había delimitado la Línea Negra como un corredor vital que conecta la cumbre de la Sierra Nevada con el mar, sosteniendo el equilibrio ambiental y cultural según las cosmovisiones indígenas. Sin embargo, el Consejo de Estado anuló la norma por considerar que no se garantizó la participación plena de otras comunidades étnicas y actores presentes en el territorio, lo que modifica el marco normativo de protección y genera profunda preocupación entre los pueblos originarios por la preservación de sus 348 sitios sagrados.
Reacciones y medidas del Gobierno
Las comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos han reaccionado con alarma ante esta decisión judicial, que abre un debate jurídico y político en escenarios institucionales y comunitarios. En respuesta, el Gobierno de Gustavo Petro ha instruido a la Agencia Nacional de Tierras a explorar instrumentos alternativos, como la compra de predios, para salvaguardar estas áreas de importancia cultural y ambiental. Santos enfatizó la necesidad de honrar los compromisos históricos con los pueblos de la Sierra Nevada, recordando que la Línea Negra no es solo un límite territorial, sino el eje de su espiritualidad y sostenibilidad ecológica.
Este pronunciamiento de Santos se enmarca en un contexto de tensiones por la protección de territorios sagrados, donde la nulidad del decreto pone en jaque años de esfuerzos por el reconocimiento de los derechos étnicos, impulsando un llamado colectivo a la acción para evitar retrocesos en la preservación de la Sierra Nevada de Santa Marta.
