El sargento retirado Alexander Chala ha presentado una grave denuncia contra presuntas irregularidades en el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de Colombia, acusando a funcionarios como la ingeniera Sonia Lucy Gonzales Castañeda, el mayor Reina Amado José Luis, los sargentos González Gutiérrez Jheison y Melchor Maya Yojan Alexander, y el civil Fernando Barragán Parra, de manipular procesos de autorización, adquisición y comercialización de armas, municiones y explosivos a cambio de pagos millonarios.
Según la denuncia, estas irregularidades incluyen la manipulación del sistema informático para alterar trámites desde oficinas privadas sin la presencia del titular, la anulación de bloqueos mediante actualizaciones técnicas ficticias, la modificación de cupos asignados y la venta irregular de explosivos, todo ello con el fin de registrar bienes a nombre de terceros o familiares de los involucrados, exigiendo pagos que oscilan entre 25 y 35 millones de pesos por cada permiso otorgado.
Detalles de las manipulaciones y temores por represalias
La denuncia, hecha a nombre de un testigo activo de las fuerzas militares que por temor a represalias solicitó total confidencialidad y pidió a Chala que la presentara en su lugar, involucra a funcionarios activos del Ejército Nacional y civiles, y apunta a posibles patrimonios injustificados así como a investigaciones administrativas previas que habrían sido archivadas. Este medio tuvo acceso al documento, que compromete la legalidad administrativa y la seguridad nacional del país.
“Esta denuncia la presento para que sea investigada a la mayor brevedad, el titular de la denuncia me pidió total confidencialidad, pues es un miembro activo de las fuerzas militares y por temor a represalias me contacto para que lo hiciera a mi nombre y responsabilidad”
Alexander Chala, sargento retirado
Chala solicita la apertura inmediata de investigaciones disciplinarias y penales, una auditoría interna exhaustiva en el DCCAE, y la remisión de los casos a la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, al tiempo que pide protección para los testigos clave ante los riesgos de represalias, en un contexto que podría revelar fallas sistémicas en el control de armamento en Colombia.
