Por GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA*
Dijo Gustavo Petro en campaña que, si él era elegido presidente, en tres meses firmaría la paz con el Eln. Su condición de candidato de izquierda, exguerrillero firmante de un acuerdo de paz entre el Estado y el M-19, y estudioso del conflicto armado en Colombia, le dio, a juicio de muchos, credibilidad a sus palabras. La vehemencia con que prometió en su discurso de posesión la búsqueda de la paz total, encontró en la gente, también, un voto de confianza.
Después de dos años de mandato esas intenciones parecen haberse quedado en solo eso, intenciones. Los diálogos con el Eln están virtualmente congelados, las conversaciones con la Nueva Marquetalia no encuentran cauce jurídico porque Iván Márquez, su líder, está pedido en extradición por Estados Unidos, la ley que permitiría negociar el sometimiento con las bandas criminales está en veremos y la exigencia de estatus político para el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada, imponen obstáculos insalvables a la negociación.
La violencia está exacerbada y los grupos violentos copan todos los días más territorio; según la revista Cambio, las disidencias aumentaron en un 30% de 230 a 299 municipios y la del Eln de 189 municipios a 231 con respecto al 2022. El Consejo Noruego de Refugiados dice que más de 8 millones de colombianos viven hoy en zonas en conflicto, 70% más que en 2021; señala que, en el primer semestre de este año, los asesinatos, las intimidaciones, las minas antipersonal y el fuego cruzado han confinado a casi 65.000 personas, un 20% más en comparación con el año 2023, y que muchos niños han tenido que dejar de estudiar por el conflicto armado; más de 30.000 han sido afectados por la violencia.
Descontadas esas realidades, la angustia pasa por Chocó; un departamento en extremo pobre y marginal, que sufre las consecuencias del virtual rompimiento de las conversaciones entre Gobierno y Eln. El paro armado decretado por esta guerrilla en Chocó cumple siete días. Su origen se debe básicamente a las disputas que mantiene con el Clan del Golfo por el control del territorio y afecta a cinco municipios: Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y medio San Juan. El mencionado paro indefinido conculca todas las normas del Derecho Internacional Humanitario: se conoció que una niña de 16 meses, Isabela Piraza Pizario, falleció en la comunidad indígena de San Cristóbal, debido a la falta de atención médica provocada por este paro. La menor no pudo ser trasladada a un centro de salud, ya que estaba restringido el acceso al río, única vía para movilizarse.
Van dos años de Gobierno, más de la mitad del período de Gustavo Petro, y la paz se diluye en el desorden, la falta de método, la retórica y los documentos confidenciales. Oscurece aún más el panorama la crisis irresoluta de Venezuela, la pérdida de legitimidad del proceso como lo prueban las encuestas cuando concluyen que la gran mayoría de la población descree de su efectividad y la pérdida de capacidad de maniobra política de un presidente a quien ya le calienta el sol en las espaldas. La paz de Colombia sigue siendo nuestra utopía. Pero como alguna vez dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.” Aunque creo que más allá de esa bella expresión poética, también hay utopías para realistas y a esa es a la que no podemos renunciar los colombianos.
*Senador de la República-Partido Político ‘En Marcha‘
