La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá emitió un concepto de no viabilidad jurídica y técnica para el Proyecto de Acuerdo 340, conocido como “Ruta por la Vida”, impulsado por la concejala Clara Lucía Sandoval y aprobado por el Concejo de la capital el 5 de febrero de 2025. Este proyecto buscaba crear una ruta de atención psicosocial integral para mujeres en gestación y lactancia, incluyendo apoyo psicológico para aquellas que consideraran la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La decisión de la secretaría, liderada por Laura Tamil Leal, se basa en un análisis en tres ejes principales: la posible inconstitucionalidad, la obligación de proporcionar información integral y la falta de competencia distrital en la materia.
El análisis destaca que la competencia para reglamentar, crear rutas y políticas sobre la IVE corresponde exclusivamente al Congreso de la República y al Gobierno nacional, por lo que los entes territoriales no pueden intervenir en este ámbito. Además, se advierte que sesgar la capacitación de funcionarios hacia “alternativas diferentes a la IVE” podría convertirse en una barrera para el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, reconocido como parte de los derechos sexuales y reproductivos, la salud plena y la autonomía reproductiva de las mujeres. La ciudad de Bogotá aplica actualmente los lineamientos del Ministerio de Salud establecidos en las Resoluciones 3280 de 2018 y 051 de 2023.
Reacciones y defensa del proyecto
La Secretaría de la Mujer reiteró su compromiso con la garantía de estos derechos, mientras que la concejala Sandoval defendió su iniciativa en redes sociales, argumentando que no contradice la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó la IVE hasta la semana 24 de gestación, y posterior a ese plazo bajo las tres causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006. Sandoval compartió un extracto de la sentencia para refutar críticas, asegurando que algunos opositores no la han leído completa o intentan ocultar partes que no les convienen. El proyecto priorizaba acciones para mujeres en situación de vulnerabilidad y se basaba también en las sentencias SU-096 de 2018 y C-055 de 2022, que vinculan la IVE con el derecho a la salud y la autonomía reproductiva.
“Reiteramos nuestro compromiso con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, a la salud plena y la autonomía reproductiva de las mujeres”
Secretaría Distrital de la Mujer
“la competencia para reglamentar, crear rutas y políticas respecto de la interrupción voluntaria del embarazo corresponde exclusivamente al Congreso de la República y al Gobierno nacional. En ningún caso los entes territoriales pueden pronunciarse sobre este tema”
Laura Tamil Leal, secretaria de la Mujer
“Sesgar la capacitación a funcionarios hacia alternativas diferentes a la IVE puede convertirse en una barrera para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”
Laura Tamil Leal, secretaria de la Mujer
“Para los que siguen diciendo que nuestro proyecto llamado ‘Ruta por la Vida’ va en contravía de la sentencia de la C055 de la Corte, acá les dejo un extracto de la sentencia, porque parece que no la leyeron completa, o quieren tapar o esconder la parte de la sentencia que no les sirve”
Clara Lucía Sandoval, concejala
A pesar de las reservas expresadas por concejales como Julián Triana, Juan David Quintero, José Cuesta y Donka Atanassova durante el debate, el proyecto fue aprobado. Organizaciones como Profamilia han calificado la iniciativa como inconstitucional, alertando sobre posibles barreras al acceso a la IVE, con su CEO Marta Royo enfatizando esta posición. Este episodio refleja las tensiones en torno a la implementación de las decisiones de la Corte Constitucional en el ámbito local, donde el equilibrio entre apoyo psicosocial y el pleno ejercicio de derechos reproductivos genera controversia.
