La presidenta del Consejo Gremial Nacional (CGN), Natalia Gutiérrez, urgió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a emitir un fallo definitivo sobre la acción popular que busca evitar un apagón energético durante el fenómeno de El Niño, el cual ya fue declarado por el Ideam. En un pronunciamiento difundido a través de su cuenta en X, Gutiérrez advirtió que la decisión reposa en manos del tribunal y que de ella depende la continuidad del suministro eléctrico en el país. La acción fue presentada inicialmente por Rafael Rincón Ordóñez y Santiago Vernaza Civetta contra la Nación, la Presidencia de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), por considerar vulnerados derechos colectivos como el acceso a servicios públicos, la moralidad administrativa, la libre competencia y un ambiente sano.
La advertencia de la líder gremial se sustenta en un diagnóstico crítico del sector eléctrico, afectado por una deuda que se acerca a los 2,3 billones de pesos, principalmente de la empresa Air-e con los generadores térmicos. A esto se suma que los pronósticos oficiales indican que el fenómeno de El Niño podría ser “fuerte, muy fuerte y de duración prolongada”, lo que exige la máxima disponibilidad de las plantas térmicas para garantizar la demanda. Gutiérrez señaló que “ninguna planta puede generar sin combustible, liquidez y un mercado en el que la energía consumida se pague”, y recordó que, si las generadoras térmicas no tienen caja, no podrán entregar energía y, en consecuencia, “se apaga Colombia”.
Un riesgo sistémico que ya es realidad
En su intervención, la presidenta del Consejo Gremial Nacional afirmó que “el riesgo sistémico del sector eléctrico ya no es una hipótesis sino una realidad cada vez más apremiante”. La acción popular coadyuvada por diversos actores del sector detalla que la planeación energética quedó obsoleta: mientras la demanda de energía ha crecido a ritmos superiores a los previstos, la oferta —tanto en generación como en transmisión— se ha expandido a velocidades sustancialmente inferiores. De hecho, el documento de la reforma de la demanda citado por los accionantes es contundente: “El suministro de energía en el país está en riesgo en el corto, en el mediano y en el largo plazo”. Ante este panorama, los demandantes piden que el Tribunal declare la vulneración de los derechos colectivos y ordene medidas concretas, como actualizar la planeación y remover los obstáculos que frenan los nuevos proyectos de generación y transmisión.
“El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene hoy en sus manos una decisión que puede ayudar a evitar que Colombia se apague”
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional
La dirigente gremial también hizo un llamado urgente al Ministerio de Hacienda para que gire los recursos necesarios al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, mecanismo que fue clave en intervenciones anteriores como la de Electricaribe. “Se necesita de manera urgente que el Fondo Empresarial cuente con recursos que debe girar el Ministerio de Hacienda”, expresó Gutiérrez, quien insistió en que solo con liquidez, combustible y un mercado que pague la energía consumida se podrá evitar el colapso del sistema. La discusión de esta acción popular se inició en 2024, pero la urgencia se ha intensificado con la declaración oficial del fenómeno climático y la acumulación de deudas que ponen en jaque la operación de las plantas térmicas, consideradas indispensables para cubrir los picos de demanda durante los periodos de sequía.
