Este martes, cinco miembros de la Policía Nacional fueron víctimas de un secuestro en la zona de La Llana, en Tibú, Norte de Santander, cuando regresaban de su descanso navideño. Cuatro patrulleros y un coronel fueron abordados por sujetos armados, quienes los obligaron a subir a un automóvil de destino desconocido. El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, aprovechó el incidente para cuestionar al presidente Gustavo Petro en la red social X, acusándolo de aplicar significados diferentes al término «secuestro» dependiendo de las víctimas o los responsables.
Beltrán, en una publicación que generó amplia repercusión en redes sociales, criticó la aparente falta de pronunciamiento del Gobierno nacional ante el hecho, destacando que los policías habían sido abandonados a su suerte. El exmandatario santandereano compartió un video con detalles del secuestro en su cuenta de X, enfatizando la preocupación por la ausencia de reacción oficial en las últimas horas.
Cuestionamientos al Ejecutivo por criterios selectivos
El intercambio se enmarca en un contexto de tensiones por la calificación de estos eventos de privación de la libertad, donde Beltrán argumenta que existen dos estándares: uno para los «amigos delincuentes» del presidente y otro para los uniformados. Hasta el momento de la publicación, no se reportó pronunciamiento oficial del Gobierno sobre el caso de los policías en Tibú.
«En el diccionario de @petrogustavo el secuestro tiene diferentes significados».
Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga
«En el diccionario de @petrogustavo el secuestro tiene diferentes significados. Uno para sus amigos delincuentes y otro para los soldados y policías que abandonó a su suerte».
Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga
«Cuatro patrulleros y un coronel que venían de su jornada de descanso. Lo que más preocupa es que en las últimas horas el Gobierno no se ha pronunciado y mucho menos».
Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga
El secuestro de los uniformados pone de nuevo en el debate público la seguridad en zonas como Tibú, donde persisten actividades de grupos armados ilegales, y resalta las divisiones políticas en torno a la respuesta estatal ante estos incidentes.
