En la trocha que comunica el sector Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, en la zona rural de Cúcuta, Norte de Santander, tres hombres fueron asesinados a bala el 6 de enero de 2026 por hombres armados que se movilizaban en motocicleta, según reportes preliminares de las autoridades. Las víctimas fallecieron en el lugar de los hechos, y este suceso ha sido catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la segunda masacre del año en Colombia.
La zona donde ocurrió el crimen se encuentra bajo la influencia de múltiples grupos armados ilegales, entre ellos la subestructura Edgar de Jesús Hernández Noriega del Clan del Golfo (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc del frente 33 del Bloque Magdalena Medio, Los Rastrojos, Los Pelusos y bandas locales, lo que genera un contexto de alta conflictividad con homicidios selectivos, extorsión y reclutamiento forzado de menores. Familiares de las víctimas se presentaron en el sitio, donde la Policía Metropolitana de Cúcuta delimitó el área y espera la llegada de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) para avanzar en las investigaciones. La jurisdicción corresponde a la Segunda División del Ejército Nacional.
Contexto de violencia persistente en el país
Esta masacre se suma a la primera registrada en 2026, ocurrida el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca, donde perdieron la vida Irma Yulie Erazo Reina, Angélica María Cantoñí Estacio y Reina Nancy Stella. Indepaz ha documentado 295 masacres desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, y tanto esta organización como la Defensoría del Pueblo han emitido alertas tempranas, como las 013/25 y 027/24 para Cúcuta, advirtiendo sobre los riesgos en la región y reclamando respuestas institucionales urgentes ante la escalada de violencia.
«Segunda masacre de 2026 durante el Gobierno potencia de la vida. Mientras tanto, Petro, sus funcionarios y contratistas alistan una marcha en apoyo al dictador Nicolás Maduro. ¡Increíble!»
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán
Las autoridades continúan recolectando evidencias en la trocha Cormoranes, mientras la sociedad civil y observadores de derechos humanos insisten en la necesidad de acciones concretas para desmantelar las estructuras criminales que azotan el Norte de Santander y otras regiones del país, en un año que apenas comienza con cifras alarmantes de violencia colectiva.
