En la noche del 5 de febrero de 2026, una explosión en una mina de carbón en Guachetá, Cundinamarca, dejó atrapados a seis mineros a una profundidad de 170 metros, según informó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La deflagración, provocada por la acumulación de gases como el metano, derrumbó material que bloqueó la salida principal, complicando las labores de rescate que involucran a más de 20 miembros de la Unidad de Rescate Minero y otros 40 de diversos organismos de respuesta.
La mina, una operación pequeña y apartada del casco urbano de Guachetá con no más de 10 trabajadores diarios, presuntamente operaba de manera ilegal pese a órdenes de cierre emitidas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) y la Agencia Nacional de Minera. Este tipo de explotaciones informales carecen de estándares de seguridad industrial mínimos, lo que representa un patrón recurrente en minas artesanales que se reabren ignorando sellos y mandatos de las autoridades locales y ambientales.
Desafíos en las labores de rescate
Las operaciones de salvamento se ven gravemente obstaculizadas por la acumulación de gases tóxicos, la inestabilidad estructural del sitio y la ausencia de canales de ventilación adecuados, lo que impide el acceso directo y el suministro de aire fresco a los atrapados. Cada minuto que pasa reduce las probabilidades de encontrar a los mineros con vida, aunque el gobernador Rey mantiene una nota de esperanza en medio de la tragedia.
“Hay acumulación de gases, lo que hace que la tarea de búsqueda se dificulte. Y también hay una profundidad importante que no permite que aún se haya llegado a los cuerpos que están allí, perdidos o desaparecidos en esta mina”
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca
“Cada minuto que avanza hace más difícil pensar que estén vivos. Sin embargo, hasta que no se tenga contacto visual no se podrá tener claramente determinada la situación. Los milagros existen. Ojalá, efectivamente, en este caso aplique”
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca
En entrevista con Blu Radio, Rey enfatizó la irregularidad de la mina y los riesgos inherentes a estas operaciones precarias. “Presuntamente tenía órdenes de cierre por parte de la CAR y por parte de la Agencia Nacional Minera, lo que indicaría que no cumplía con todos los requisitos. Es información preliminar que tenemos que verificar, pero todo apunta a que efectivamente no contaba con los requisitos y documentos para funcionar”, señaló. Agregó que “son minas que no tienen seguridad industrial, que no tienen los mínimos estándares de seguridad para permitir que el trabajo se haga en la mejor manera”.
Mientras las autoridades verifican los detalles y avanzan en el rescate pese al ambiente tóxico e inestable, este incidente subraya la urgencia de fortalecer los controles sobre la minería informal en regiones como Cundinamarca, donde la falta de supervisión pone en jaque vidas humanas de manera constante.
