En una sesión de la plenaria del Senado de la República, dos días después de la instalación del nuevo Congreso, se aprobó un debate de control político para investigar las denuncias de “voto fusil” en las elecciones presidenciales de 2026. La iniciativa, presentada por el senador Héctor Olimpo Espinosa, del Partido Liberal, y respaldada por su colega Santiago Montoya, también liberal, busca citar al Gobierno saliente de Gustavo Petro, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Fiscalía General, a la Policía Nacional, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. El objetivo es esclarecer la presunta coerción armada ejercida por grupos ilegales como disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo en zonas de conflicto, que habría favorecido al candidato Iván Cepeda.
El “voto fusil”, una práctica de intimidación armada que secuestra la libertad de elección de los ciudadanos, ha sido señalada por congresistas en denuncias previas que, según los mismos denunciantes, no recibieron respuesta efectiva. La proposición aprobada incluye la citación a los funcionarios mencionados durante las próximas sesiones ordinarias del Senado, cuya fecha será definida por la Mesa Directiva de la corporación. La decisión se tomó después de que varios legisladores advirtieran sobre la necesidad de evaluar la respuesta del Ejecutivo saliente y la operatividad de la fuerza pública en los territorios afectados.
Las cifras que sustentan la denuncia
Durante la presentación del debate, el senador Héctor Olimpo Espinosa expuso datos contundentes extraídos de los resultados oficiales de la Registraduría. “Estudiando los resultados publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encontró un hecho objetivo: hubo una concentración extraordinaria del voto en favor de un candidato. Iván Cepeda obtuvo el 100% de los votos válidos en quinientas veintinueve mesas, mientras que Abelardo Arenas lo hizo en diez. Y esa diferencia no se explica por el tamaño de las mesas, pues cientos de ellas tenían una votación considerable”, afirmó Espinosa. De las 115.000 mesas analizadas a nivel nacional, 529 registraron una votación unánime para Cepeda, un patrón que, según el senador, no se repite en otros candidatos de manera similar.
“Son los cambios abruptos y no las continuidades las que merecen una explicación aún más profunda. Este grupo está conformado por siete mesas ubicadas en Tumaco, Nariño, cuyo comportamiento se aparta de su propia historia electoral y que no pudo ser contrastado mediante la revisión de los documentos del escrutinio”
Senador Héctor Olimpo Espinosa, Partido Liberal
El senador Santiago Montoya, por su parte, pidió que la Fiscalía y la Policía rindan cuentas sobre la operatividad en los municipios donde se presentaron estas anomalías. “Yo le pediría también que dentro de este debate haga parte de este tema la Fiscalía y la Policía para que nos diga a nosotros los senadores cómo fue la operatividad y el control que realmente ejercieron en esos territorios (…) y que evidentemente después de esas denuncias que hicimos muchos de los senadores que estamos aquí no pasó absolutamente nada”, señaló Montoya en la plenaria. La solicitud se sumó a la proposición original, ampliando el alcance del debate a entidades de control y seguridad.
“Hoy, desde el Senado de la República, no vengo a hacer discursos de cortesía. Vengo a poner el dedo en la llaga de una de las heridas más profundas de nuestra democracia: el ‘voto fusil’. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras en distintas regiones del país la libertad de elección es secuestrada por las armas”
Senador Santiago Montoya, Partido Liberal
El debate, que se perfila como uno de los primeros escenarios de confrontación política en el nuevo periodo legislativo, deberá definir no solo la fecha de la citación, sino también el nivel de profundidad con el que se abordará la presunta interferencia armada en las urnas. Mientras tanto, las denuncias de “voto fusil” siguen generando escozor en el panorama político colombiano, donde la transparencia electoral y la seguridad en zonas de conflicto se convierten en ejes centrales de la agenda del Senado.
