El Congreso de la República aprobó la Ley de Sometimiento, la iniciativa que fija las condiciones bajo las cuales los integrantes de estructuras criminales podrán presentarse ante la justicia, en una decisión que el Senado sacó adelante tras un debate que se extendió entre el viernes 30 de octubre y el martes 3 de noviembre y que registró 77 intervenciones, en su mayoría de sectores opositores, sin contar las del ponente. La votación en la corporación alta deja el texto a un paso de su definición final, pues ahora la discusión pasa a la Cámara de Representantes, donde deberá establecerse si se requiere conciliación entre los textos de ambas cámaras o si se acoge la versión avalada por el Senado.
La norma reemplaza el esquema de la Paz Total que impulsó el gobierno de Gustavo Petro, un marco que contemplaba suspensiones de órdenes de captura, mesas de diálogo con grupos armados y el reconocimiento de «gestores de paz». Con la nueva ley, ese andamiaje queda desmontado y se excluye de cualquier beneficio a las personas solicitadas en extradición y a quienes estén vinculados con el reclutamiento de menores, dos de los puntos que más respaldo recibieron durante la discusión.
Un debate de 77 intervenciones y dos orillas enfrentadas
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, calificó la jornada como un debate «transparente y de cara» al país y sostuvo que la norma entrega instrumentos al Ejecutivo para enfrentar a las estructuras ilegales «sin abrir espacios de negociación política». Para el legislador, la corporación que preside cumple con su tarea frente a la ciudadanía y deja al Estado en una posición de superioridad frente a la criminalidad.
«El Senado le cumple una vez más a los colombianos»
Honorio Henríquez, presidente del Senado
Desde la oposición, la exvicepresidente y excanciller Marta Lucía Ramírez celebró la aprobación y vinculó la falta de entrega de información sobre las redes del narcotráfico con el escenario de violencia que atraviesa el país. Sus palabras resumieron el ánimo de un bloque que durante tres días insistió en la necesidad de cerrar lo que considera un esquema de impunidad.
«Ya no más impunidad ni curules inmerecidos a criminales»
Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente y excanciller de Colombia
En la misma línea se pronunció el representante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta, quien cuestionó la suspensión de órdenes de captura y los obstáculos a las solicitudes de extradición que, según su lectura, caracterizaron al gobierno anterior. El congresista fue categórico al señalar el fin de un modelo y al advertir que ya no habrá escenarios de exposición pública para quienes delinquen.
«Se murió la Paz Total de Petro»
Jaime Arizabaleta, representante del Centro Democrático
Su colega de Cambio Radical, Estefanel Gutiérrez Pérez, planteó el tránsito de un marco a otro como una sustitución definitiva y cuestionó los diálogos con grupos armados y los episodios relacionados con el uso de información de inteligencia. La concejal de Bogotá Sandra Forero, del Centro Democrático, coincidió en el balance y afirmó que la iniciativa pone fin a la designación de delincuentes como gestores de paz, a las mesas de diálogo que consideró improductivas y a las suspensiones de extradición, además de calificar la jornada como un «gran día para Colombia».
El Pacto Histórico anuncia demanda y denuncia falta de garantías
El oficialismo no acompañó la celebración. La representante del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán, conocida como «Lalis», denunció falta de garantías durante el debate y sostuvo que el texto favorece a actores vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al lavado de activos; esas acusaciones corresponden a su posición política y no estuvieron acompañadas de pruebas en su pronunciamiento. La bancada anunció además una demanda contra la iniciativa, a la que llama «Ley Alex Saab», y el senador Wally informó que votó en contra al advertir que la norma podría beneficiar a testaferros, narcotraficantes, paramilitares y lavadores de dinero.
«¡No hay garantías!»
Laura Daniela Beltrán («Lalis»), representante del Pacto Histórico
Con el Senado despejado el camino, la pelota queda en la Cámara de Representantes, donde se definirá si las dos corporaciones deben conciliar sus textos o si se acoge la versión respaldada por la cámara alta. Superado ese trámite, el nuevo marco empezará a aplicarse a quienes busquen acogerse a sus disposiciones, en un escenario que la oposición describe como el cierre de un ciclo de violencia, extorsiones, desplazamientos y confinamientos, y que el oficialismo anticipa como una batalla jurídica y política que apenas comienza.
