La Comisión Cuarta del Senado archivó la reforma tributaria por 16,3 billones de pesos, lo que obliga al Gobierno del presidente Gustavo Petro a ajustar el Presupuesto General de la Nación para 2026 a 530,6 billones de pesos mediante recortes en la inversión pública. La votación reciente registró cuatro votos a favor, de las congresistas Laura Fortich, Claudia Pérez y del representante John Roldán, todos del Partido Liberal, junto con la senadora Aida Avella del Pacto Histórico, frente a nueve votos en contra de representantes del Centro Democrático, Aico, Cambio Radical, Partido de la U, Alianza Verde, Conservador y ADA. Este rechazo en una sola comisión fue suficiente para hundir el proyecto en las comisiones conjuntas que lo estudiaban.
El ajuste presupuestal reduce el monto original de 547 billones de pesos, equivaliendo a menos del 3 por ciento del total, pero recae íntegramente en la inversión pública debido a la imposibilidad de recortar la deuda o el gasto social. Este escenario recuerda el hundimiento de la Ley de Financiamiento por 12 billones de pesos, que también generó recortes y reprogramaciones presupuestales. El presidente Petro ya advirtió que los recortes afectarán directamente proyectos de infraestructura como las vías 4G y el metro de Bogotá, en un monto histórico aunque ajustado al contexto fiscal actual.
Expertos cuestionan el impacto en la estabilidad fiscal
La reforma, que requería aprobación unánime en las comisiones conjuntas del Senado, fue archivada tras este revés legislativo, dejando al Gobierno sin los recursos adicionales previstos. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, analizó la situación señalando que el recorte no compromete la sostenibilidad del gasto público.
“estos recursos deberán ser ajustados mediante un recorte presupuestal (…) esos $16,3 billones representan menos de 3 % del Presupuesto General de la Nación, que ascendía a $547 billones. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar que una afectación de esta magnitud compromete la estabilidad fiscal o la sostenibilidad del gasto público”
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo
Este episodio marca un nuevo desafío para la agenda económica del Gobierno Petro, con impactos directos en el desarrollo de infraestructura nacional y la ejecución de planes viales y de movilidad en ciudades clave como Bogotá.
