Senado avanza en proyecto que eleva penas a 8 años por abandono de adultos mayores

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El Senado de la República de Colombia avanza en el proyecto de ley 250 de 2024, impulsado por la senadora Karina Espinosa, que busca modificar las leyes 1276 de 2009 y 1850 de 2017 para fortalecer la protección de los adultos mayores. Esta reforma optimiza el uso de recursos provenientes de la estampilla pro adulto mayor y endurece las sanciones por abandono, maltrato y negligencia, con el trámite pendiente de ponencia para su segundo debate en la corporación legislativa.

La iniciativa autoriza a las asambleas departamentales y concejos municipales a emitir esta estampilla, cuyo recaudo será destinado íntegramente a la construcción, dotación, operación y programas para el bienestar de personas mayores de 60 años. Gobernadores y alcaldes tendrán la responsabilidad de su implementación, ampliando sus usos a la atención de casos de descuido, abandono, violencia intrafamiliar, indigencia, pobreza extrema, desastres y emergencias sanitarias.

Endurecimiento de penas y sanciones

Entre las medidas más destacadas figuran las penas de prisión de cuatro a ocho años, junto con multas de uno a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, para quienes cometan abandono, descuido o negligencia contra adultos mayores. Estas conductas, consideradas como violencia intrafamiliar que incluye maltrato físico y psicológico, serán investigadas por la Fiscalía y el sistema judicial. Además, las instituciones que fallen en su deber enfrentarán cancelación de permisos, multas y procesos penales contra sus responsables.

Contexto legal y beneficios esperados

Actualmente, el abandono de mayores de 60 años ya es un delito penal tipificado en la ley 1850 de 2017, mientras que el Código Civil establece a hijos, nietos, hermanos y cónyuges como protectores principales. La reforma potenciará estos mecanismos, impactando positivamente a cientos de miles de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, incluyendo la creación de Granjas para Adultos Mayores en zonas rurales y semiurbanas, destinadas a albergue, alimentación, actividades productivas y recreación.

Esta propuesta, que surge en respuesta a la necesidad de mejorar el financiamiento de servicios y contrarrestar el maltrato, negligencia y abandono, ha sido destacada por fuentes como Noticias Caracol en X, el Senado de la República y Prosperidad Social, prometiendo un marco más robusto para la protección de esta población en Colombia.

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