La declaración de emergencia económica por parte del presidente Gustavo Petro ha generado una profunda división en la cúpula del Congreso de Colombia, con el presidente del Senado, Lidio García del Partido Liberal, anunciando un control político riguroso a los decretos del Ejecutivo, mientras que Julián López, presidente de la Cámara de Representantes de La U, ofrece su respaldo a las medidas ante los riesgos sociales y fiscales que enfrenta el país. El Senado fue convocado para el próximo 26 de diciembre, inicialmente para discutir ascensos militares y policiales, pero ahora también examinará la emergencia económica y el Decreto 1390, cuya revisión por la Corte Constitucional está programada para enero, posterior a la vacancia judicial, en medio de anuncios realizados en redes sociales y proposiciones para un escrutinio detallado.
Esta confrontación surge tras el fracaso de la reforma tributaria, que buscaba recaudar 16,6 billones de pesos, junto con obligaciones fiscales adicionales por 3,7 billones, una deuda emitida de 23 billones y pagos omitidos en salud para 2025 que ascienden a 20 billones, de los cuales 15 billones corresponden al presupuesto público. Factores agravantes incluyen la caída en los precios del petróleo y el carbón, el rechazo a la ley de financiamiento y la insostenibilidad de la deuda pública, lo que ha llevado al gobierno a invocar herramientas excepcionales, criticadas por figuras como Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical y cuestionadas por subsidios controvertidos, como los más de 400 millones a Finagro en el caso Lafaurie y superiores a 40 billones dirigidos a los megarricos.
Tensión institucional en vilo por la Corte Constitucional
El contexto de esta crisis se remonta al hundimiento de varias reformas tributarias, incluida la versión 3.0, y al rechazo legislativo que ha forzado al Ejecutivo a decretos de emergencia, exacerbados por las críticas de Petro al Congreso, la directiva del Banco de la República y su política monetaria restrictiva. La Corte Constitucional, que no interrumpirá su vacancia judicial, será clave para validar o no estas medidas, en un momento que pone a prueba la autonomía de poderes en Colombia.
«El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta»
Lidio García, Presidente del Senado
«Negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola»
Julián López, Presidente de la Cámara de Representantes
Por su parte, el presidente Petro ha defendido su postura con vehemencia, instando a la sensatez gubernamental y judicial para continuar el progreso nacional, advirtiendo que un fallo adverso de la Corte podría oscurecer el horizonte económico y felicitando a la alta corte por rechazar citaciones extraordinarias impulsadas, según él, por los megarricos beneficiados con subsidios del pueblo colombiano. «Le toca al gobierno la sensatez, a través de la emergencia, de continuar el progreso en Colombia y espero ocurra lo mismo con la Corte Constitucional. Si no, seguiremos con la sensatez, pero el horizonte se tornará oscuro», afirmó. Asimismo, sostuvo que «la corte decidirá si el país sigue su ruta de recuperación o entra en el camino de la crisis económica», y criticó: «Felicito a la corte por no citar extraordinarias ilegales como lo pedían los megarricos del país después de meter en su bolsillo los subsidios que el pueblo colombiano les ha dado y con los que aumentan sus fortunas sin trabajar».
Esta división promete intensificar la tensión institucional en los próximos meses, con un escrutinio detallado de los decretos que podría redefinir el equilibrio de poderes y el rumbo fiscal de la nación, en un año marcado por desafíos económicos sin precedentes.
