El Senado de la República sostiene este martes 28 de julio de 2026 un debate crucial en el que se evalúa la propuesta de trasladar a Cali la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. La iniciativa, impulsada por la bancada de Salvación Nacional, busca modificar la sede originalmente aprobada en el departamento del Cauca, pero ha generado una fuerte controversia política y logística. La representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Ana Erazo, del Pacto Histórico, lidera las críticas al señalar que hasta el momento no hay claridad sobre el lugar exacto, los costos, la organización ni las garantías de seguridad para el evento.
Incertidumbre y denuncias de falta de transparencia
Erazo afirmó que “la bancada de Abelardo de la Espriella en Cámara y Senado no ha definido el lugar exacto donde se llevaría a cabo el evento”, lo que, según ella, evidencia una falta de planificación que podría derivar en una “provocación política que ponga en riesgo la convivencia y la estabilidad”. La congresista advirtió que la realización de la posesión en Cali podría convertirse en “el primer laboratorio de militarización paulatina” de la ciudad, al tiempo que rechazó que el territorio vallecaucano sea escenario de persecuciones contra líderes sociales, representantes barriales, rurales o símbolos populares. La propuesta de sede principal es el Arena USC, recinto de la Universidad Santiago de Cali con capacidad para 2.600 asistentes y un parqueadero para más de 1.100 vehículos, mientras que el Teatro Jorge Isaacs se perfila como alternativa.
Plan de seguridad y recompensa millonaria
Frente a la controversia, las autoridades locales anunciaron un paquete de medidas de seguridad tras la realización de un Consejo de Seguridad con participación de la Fuerza Pública y entidades municipales. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que el objetivo es brindar “tranquilidad” y “todas las garantías” para el desarrollo del evento. El plan incluye la definición de corredores seguros que abarcan Cali, Palmira, Jamundí, Candelaria, Florida y el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU); el control de drones por parte de la Fuerza Aérea en Cali y localidades aledañas; y el ofrecimiento de una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita prevenir actos terroristas o criminales. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, respaldaron el operativo, aunque la representante Erazo insiste en que la falta de información sobre los costos y la logística profundiza la incertidumbre en la región.
“La bancada de @ABDELAESPRIELLA en Cámara y Senado no ha definido el lugar exacto donde se llevaría a cabo el evento”
Ana Erazo, Representante a la Cámara por el Valle del Cauca (Pacto Histórico)
Mientras el Senado avanza en la discusión, las autoridades locales insisten en que las medidas de seguridad están listas para garantizar un evento pacífico. Sin embargo, la polémica persiste en torno a los costos no revelados y la posible carga de militarización sobre una ciudad que, según Erazo, no debe ser sometida a presiones que afecten su convivencia. La definición de la sede y los detalles de la ceremonia se esperan en las próximas horas, en medio de un clima de expectativa y tensión política.
