El Senado de la República autorizó al expresidente Gustavo Petro a salir del país durante un año después de la finalización de su mandato, pero con la condición de que informe previamente el lugar y la fecha de cada desplazamiento. La decisión, tomada en plenaria con 73 votos a favor y 11 en contra, se dio luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño propusiera limitar el permiso a tres meses, argumentando que un año era un plazo excesivo que podría dejar asuntos pendientes sin resolver. La solicitud de Petro, presentada el 10 de agosto de 2026, se fundamenta en compromisos internacionales, académicos y personales, en el marco del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y en medio de investigaciones sobre la financiación de la campaña electoral de 2022.
El trámite se realizó conforme al artículo 196 de la Constitución colombiana, que exige la autorización del Senado para que todo expresidente pueda salir del territorio nacional durante el año siguiente a la terminación de su mandato, con el fin de garantizar su disponibilidad ante organismos de control y rendición de cuentas. Durante el debate, las posiciones estuvieron divididas: mientras legisladores del Pacto Histórico consideraron el permiso como un trámite administrativo ordinario, sectores de oposición, especialmente del Centro Democrático, cuestionaron la duración de un año. El senador Hernán Cadavid señaló que, si bien el permiso procede para todos los expresidentes, no era adecuado otorgarlo por un año de manera ampliada, sugiriendo que se debía evaluar con mayor detalle el alcance de la autorización.
El debate en el Senado y la postura de Briceño
Daniel Briceño, representante a la Cámara, fue el principal impulsor del pedido para reducir el permiso a tres meses. En sus declaraciones ante el Senado, Briceño argumentó que la Constitución exige este permiso para que las administraciones salientes no dejen temas pendientes sin verificar, por lo cual consideró que el Senado no debería otorgar un año de manera inmediata, sino autorizar un plazo inicial de tres meses mientras la gestión entrante evalúa el estado del Estado. El representante además señaló que la norma del constituyente, que obliga a pedir permiso para salir del país, se hizo precisamente para que un presidente no salga y deje todo botado, y afirmó que eso es lo que está tratando de hacer el señor Gustavo Petro. Sin embargo, aclaró que no creía que el expresidente busque evadir la justicia, como algunos sectores han sugerido, pero insistió en que por acto de responsabilidad Petro debería permanecer en Colombia al menos durante los primeros tres meses posteriores a su mandato.
«La Constitución exige este permiso para que las administraciones salientes no dejen temas pendientes sin verificar, por lo cual el Senado no debería otorgar un año de manera inmediata, sino autorizar un plazo inicial de tres meses mientras la gestión entrante evalúa el estado del Estado»
Daniel Briceño, representante a la Cámara
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro, en la comunicación formal presentada ante el Congreso, aclaró que no mantiene restricción legal para trasladarse al exterior ni requerimientos de la Interpol o de las autoridades judiciales, por lo que cumple con el condicionamiento constitucional de informar al Senado sobre su agenda de difusión política. La solicitud de Petro incluye razones personales, sociales, políticas y académicas que justifican los desplazamientos previstos. El permiso finalmente fue concedido por el Senado con la condición expresa de que el exmandatario informe previamente el lugar y la fecha de cada salida, una medida que busca mantener la transparencia y la rendición de cuentas ante los organismos de control, especialmente en el contexto de las investigaciones en curso sobre la financiación de la campaña de 2022 y el empalme con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.
