El Proyecto de Ley 312 de 2025, presentado por el Gobierno de Gustavo Petro y radicado en el Senado de la República, propone un nuevo régimen sancionatorio aduanero y de decomiso en cumplimiento de la Sentencia C-072 de 2025, que fijó un plazo máximo para expedir una normativa actualizada. La iniciativa busca redefinir la relación entre la autoridad aduanera y los usuarios del comercio exterior y desarrolla una estructura de responsabilidades en el ámbito aduanero para Colombia.
Entre los actores involucrados figuran la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el propio Gobierno de Petro, la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y su director de Asuntos Legales, Juan Diego Cano. El borrador fue difundido por la Dian con cerca de 700 comentarios y, a diferencia de otros procesos, la versión definitiva no ha sido socializada con el sector privado; el debate público y la construcción legislativa continúan en el Congreso.
La propuesta en números y textos clave
La propuesta describe un régimen de sanciones y un procedimiento de decomiso que ya genera controversias. En el borrador, la sanción por errores formales asciende al 30% del valor en aduanas de las mercancías por declaración o factura de nacionalización, una cifra que amplía las posibles cargas para importadores y agencias de aduanas. Además, si la parte responsable no paga y no corrige en cinco días, la multa asciende a 600 UVT, equivalentes a $29.879.000, con riesgo de aprehensión de la mercancía. En cuanto a los intermediarios, la normativa propone sanciones equivalentes al 20% de la sanción aplicable, de acuerdo con la regla 2.2.7, que toma como base la suma de la sanción impuesta al importador, el valor de la mercancía decomisada o el mayor valor a pagar.
«Presentar declaraciones de importación o facturas de nacionalización con errores parciales en el serial o descripciones erradas o incompletas que no conlleven a que se trate de mercancía diferente. La sanción aplicable será de multa equivalente al treinta por ciento (30%) del valor en aduanas de las mercancías por declaración o factura de nacionalización. Esta sanción es aplicable a la agencia de aduanas y al importador»
En el análisis contextual, este marco responde a los lineamientos de la Sentencia C-072 de 2025, que declaró inconstitucional el reglamento vigente y fijó un plazo para pensar una nueva normativa. La Dian difundió el borrador y recogió aproximadamente 700 observaciones, lo que evidencia la preocupación del sector por el fortalecimiento de la responsabilidad aduanera y por cómo se aplicarán las sanciones a lo largo del proceso de importación. La radicación en el Senado, combinada con debates públicos y la construcción legislativa que pasa por la discusión de estos puntos, sitúa al proyecto en un momento central para el comercio exterior colombiano.
El texto proyectado también adelanta un debate sobre la posibilidad de imponer una responsabilidad más estricta por infracciones formales y la reintroducción de la responsabilidad de los intermediarios, un tema que Analdex ha enfatizado como crucial para el manejo práctico de las operaciones de comercio exterior y para la necesidad de contar con un debido proceso y un juicio de culpabilidad claro, acorde con sus criterios.
Críticas y perspectivas del sector
Desde Analdex se señalan tres puntos estructurales de críticas al articulado: la tensión entre buena fe y responsabilidad objetiva, el endurecimiento de las sanciones por errores formales y la reincorporación de la responsabilidad de intermediarios. La organización advierte que, sin un marco claro que contemple principios de buena fe y pruebe la culpabilidad, podría generarse un desequilibrio entre las obligaciones de los operadores y las potestades administrativas. En paralelo, la Dian se mantiene como la entidad clave para el diseño y la implementación del nuevo régimen sancionatorio, enfatizando su rol como administrador del proceso aduanero y del decomiso de mercancías.
En síntesis, la llegada del Proyecto de Ley 312 de 2025 al Senado abre un proceso de debate público y de construcción legislativa que podría redefinir la normativa aduanera en Colombia. Se esperan impactos en la forma de imponer sanciones y en la responsabilidad de intermediarios, así como en la percepción de la seguridad jurídica para las empresas que operan en el comercio exterior, hasta que se alcance una versión definitiva que resuelva las inquietudes planteadas por Analdex y otros actores del sector.
