El Senado de Colombia radicó en 2025 el Proyecto de Ley 312 de 2025, una iniciativa que propone ajustar el régimen sancionatorio vigente en materia aduanera e incorporar tecnologías orientadas a fortalecer el control y la gestión del riesgo. El proyecto, identificado con el número 312 y presentado este año ante la Cámara alta, surge en un momento de intensos debates sobre modernización del aparato aduanero y cuenta con la opinión de Sebastián Mendivelso, gerente de Global Customs & Excise de KPMG Colombia, quien ha señalado que la propuesta introduce innovaciones necesarias, pero aún debe equilibrar el control aduanero con la garantía de derechos para los operadores. El debate, además, se inscribe en el marco de una discusión institucional que ha sido relevante para el país, con la referencia de la Sentencia C-072 de 2025 de la Corte Constitucional como guía de análisis.
Entre los elementos técnicos del proyecto se contempla la implementación de herramientas de inteligencia artificial, sistemas interoperables y mecanismos de trazabilidad, junto con el uso de datos masivos y análisis predictivo para identificar patrones de riesgo y operaciones inusuales. Todo ello se presenta como parte de un esfuerzo por modernizar el modelo aduanero y alinear la práctica con estándares internacionales impulsados por la Organización Mundial de Aduanas. La iniciativa está en trámite en el Senado desde 2025 y ha generado opiniones diversas entre actores del comercio exterior; para KPMG, el texto actual representa un avance importante, pero aún requiere precisiones que garanticen un equilibrio adecuado entre tecnología y derechos.
La discusión legislativa y su marco internacional
La propuesta también propone fortalecer canales de comunicación entre autoridades y la cadena de comercio exterior, promover el intercambio de información y abrir espacios de diálogo para anticipar riesgos. Además, se busca una mayor trazabilidad a lo largo de la cadena logística y el uso de análisis predictivo para identificar patrones de riesgo y operaciones inusuales, con el objetivo de armonizar prácticas con estándares internacionales y mejorar la seguridad jurídica de los operadores. En este contexto, existen antecedentes claros de política pública: Colombia ha buscado modernizar el modelo aduanero desde 2011 a través de la DIAN, y los avances tecnológicos se han ido alineando con estándares promovidos por la Organización Mundial de Aduanas, lo que fortalece la necesidad de un marco normativo que acompañe esa evolución. En este punto, la discusión ha quedado marcada por la necesidad de inversiones en sistemas digitales para las PYMEs, posibles cargas administrativas y, a la vez, por llamados a implementaciones graduales o de apoyo para mitigar impactos en la cadena de suministro, buscando una mayor coordinación entre autoridades y operadores para anticipar riesgos y reducir conflictos administrativos.
«introduce innovaciones necesarias, pero aún carece de un equilibrio claro entre el control aduanero y la garantía de derechos para los operadores» – Sebastián Mendivelso, gerente de Global Customs & Excise de KPMG Colombia
En resumen, el Proyecto de Ley 312 de 2025 representa un paso significativo hacia un modelo aduanero más tecnológico y coordinado, con la expectativa de que se implementen inversiones adecuadas y se establezcan apoyos para las PYMEs, priorizando la seguridad jurídica y la equidad en la aplicación de nuevas herramientas. El desarrollo de este marco normativo continuará en el Senado durante 2025, y su desenlace deberá equilibrar la modernización con la protección de derechos, todo ello en un esfuerzo por alinear a Colombia con prácticas internacionales y fortalecer la capacidad de autoridades y operadores para anticipar riesgos y reducir conflictos administrativos.
