El Ministerio de Transporte, en conjunto con la Superintendencia de Puertos y Transporte, presentó ante el Senado un proyecto de ley que busca prohibir la operación de plataformas digitales de transporte como Uber, Didi y Cabify, al declarar ilegal cualquier servicio de movilidad de personas o carga en vehículos particulares sin la autorización oficial correspondiente. Esta iniciativa, que modifica el régimen sancionatorio vigente, impone medidas drásticas para erradicar estas actividades que actualmente operan al margen de la regulación formal en el país.
El proyecto establece sanciones severas no solo para los conductores involucrados, sino también para los usuarios, los propietarios de los vehículos y hasta los edificios donde se preste este tipo de servicio ilegal. Entre las penalidades destacan multas que pueden alcanzar los 726 millones de pesos, así como la inmovilización de los vehículos por un período de entre cinco y 60 días en caso de primera infracción. Además, permite el cierre directo de las plataformas sin necesidad de orden judicial, lo que podría poner en jaque su permanencia en Colombia.
Sanciones ampliadas y rol de las autoridades
La propuesta obliga a los alcaldes y a la Policía Nacional a priorizar la persecución de estos servicios ilegales, definiendo con claridad que cualquier transporte en vehículos particulares sin permiso oficial queda tipificado como infracción grave. Este enfoque responde a la falta de marco regulatorio para las plataformas digitales, que han proliferado sin control, generando competencia desleal con el sector de transporte tradicional autorizado.
Con esta iniciativa, el Senado se perfila como el escenario clave para debatir el futuro de la movilidad urbana en Colombia, donde el impacto en miles de conductores y usuarios podría ser significativo si el proyecto avanza, alterando por completo el panorama de las aplicaciones de transporte que han transformado la cotidianidad en ciudades como Manizales y el resto del país.
