El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, expresó su sorpresa y rechazo ante la objeción presidencial al proyecto de ley que busca defender el estándar de mérito en la administración pública. El congresista conoció la decisión del Ejecutivo el pasado viernes a las 8:00 a.m., a través de una publicación del diario El Espectador, y no por los canales oficiales del Gobierno. La iniciativa, que tuvo más de dos años de trabajo legislativo, busca frenar la disminución arbitraria de requisitos para acceder a cargos de alta responsabilidad en el Estado, una práctica que Cadavid ejemplificó con el nombramiento de Ángela María Robledo en la junta de Ecopetrol y con la reducción discrecional de exigencias para embajadores.
En su respuesta pública, el senador del Centro Democrático desestimó los argumentos presentados por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que sustenta la objeción. Cadavid negó categóricamente que la iniciativa prohíba realizar ajustes a los requisitos de los cargos públicos, tal como lo planteó el Ejecutivo. «No, aquí no prohibimos, aquí estamos incorporando un control para que la base de ese mérito no se vea disminuida», afirmó el congresista, defendiendo que el texto aprobado solo incorpora controles técnicos para garantizar que cualquier modificación en las exigencias de un cargo cuente con una motivación y justificación sólidas.
El senador fue contundente al señalar que la objeción presidencial genera un choque político entre el Gobierno y una bancada que se declaró como partido de gobierno. Cadavid indicó que cualquier administración que decida reducir los requisitos de un cargo puede hacerlo, pero debe explicar las razones con sustento técnico. «La facultad de consulta del Consejo de Estado, donde sus conceptos son no vinculantes, se preserva», aclaró, refutando la interpretación del Gobierno de que la norma podría restringir el empleo para mujeres y jóvenes en las regiones. El congresista calificó esa lectura como ajena al texto aprobado.
El legislador manifestó su molestia por haberse enterado de la objeción a través de los medios de comunicación y no por canales oficiales. «Yo me entero el día viernes en una nota publicada a eso de las 8 de la mañana por el periódico El Espectador», relató Cadavid, evidenciando la falta de comunicación directa entre el Ejecutivo y el Congreso en este proceso. Ahora, el Congreso deberá revisar los argumentos del Gobierno y definir si mantiene el texto aprobado o acepta los reparos presentados, en un debate que promete ser crucial para el futuro de la administración pública en el país.
