El senador colombiano Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico y excandidato presidencial, envió una comunicación formal a congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos en la que alerta que la política agraria implementada por el presidente Abelardo de la Espriella constituye una amenaza directa para la seguridad de ese país. La misiva, cuyo asunto reza textualmente «La política del ciudadano estadounidense Abelardo de la Espriella para Colombia constituye una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos», fue remitida después del debate de control político que el propio Cepeda lideró en el Senado colombiano el pasado 27 de octubre de 2026. En la comunicación, el senador pone a disposición de los legisladores demócratas documentos y evidencias presentadas durante esa sesión, y advierte que también remitirá el material a las autoridades estadounidenses competentes.
Según Cepeda, el Gobierno de De la Espriella –quien adquirió la ciudadanía estadounidense en 2023– ha impulsado una serie de cambios administrativos y presupuestales que configuran lo que el congresista califica como una «contrarreforma agraria». Entre las decisiones cuestionadas se encuentran un presunto recorte de recursos para la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la congelación de fondos destinados a la adquisición de predios para campesinos y una revisión de los mecanismos de protección para zonas campesinas. Estas medidas, sostiene el senador, afectan gravemente la restitución de tierras, la compra de predios para la población rural y la protección de la economía campesina. Durante el debate, Cepeda citó cifras contundentes: un índice de Gini de 0,89 para el campo colombiano y que el 1% de los propietarios concentra la mitad de las mejores tierras del país.
Presuntos vínculos con actores del narcotráfico
En la comunicación enviada a Washington, el senador del Pacto Histórico también detalla presuntos vínculos entre el presidente De la Espriella y actores privados relacionados con la propiedad rural y el narcotráfico. Según Cepeda, el mandatario habría adquirido al menos dos predios vinculados con condenados por narcotráfico: en 2013 compró la finca Nueva Jerusalén, de 176 hectáreas ubicada en el departamento del Cesar, a la familia de Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Barbie», quien se declaró culpable de narcotráfico ante un tribunal federal en Washington; y en 2020, la constructora de su familia adquirió un lote en Montería a Carlos Arturo Vega Pineda, un ganadero investigado por lavado de activos. «Existe un peligro real de que la institucionalidad estatal colombiana que se ocupa de la persecución e incautación de los bienes mal habidos del narcotráfico, que deben destinarse a las víctimas y a la población rural, sea desviada de sus propósitos legales y constitucionales», advierte el senador en su misiva.
«El señor De la Espriella ha adquirido al menos dos predios relacionados con actores del narcotráfico: en 2013 compró la finca Nueva Jerusalén (176 hectáreas, Cesar), sobre títulos de una mina de carbón, a la familia de Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Barbie», y en 2020 la constructora de su familia compró un lote en Montería a su ganadero Carlos Arturo Vega Pineda investigado por lavado de activos.»
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico
Cepeda también puso el foco en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas, entidades que, según denunció, están dirigidas por exintegrantes de la firma del presidente. Señaló en particular que la presidenta de la SAE fue defensora de Álex Saab, y que desde allí se estarían devolviendo a la familia Rodríguez Fuentes bienes que antes les habían sido incautados. «Es así como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas están dirigidos por exintegrantes de su firma; la presidenta de la SAE fue además defensora de Álex Saab. Desde allí se devuelven a la familia Rodríguez Fuentes bienes que le habían sido incautados», sostiene el legislador.
Acciones judiciales y próximos pasos
La comunicación a los demócratas en EE.UU. no es la única acción emprendida por el senador Cepeda. Como consecuencia del debate de control político, el congresista ya había denunciado al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ante la Fiscalía General de la Nación, y solicitó una investigación contra el presidente De la Espriella ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Estas denuncias, cabe señalar, no equivalen a decisiones judiciales ni implican culpabilidad alguna hasta que existan fallos en firme. La alerta elevada a Washington busca ahora que el gobierno estadounidense examine las implicaciones de una política agraria que, en opinión de Cepeda, no solo perjudica a los campesinos colombianos sino que también pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, al estar supuestamente ligada a bienes y actores del narcotráfico internacional.
