Senador Cepeda denuncia al presidente y al ministro de Agricultura ante EE.UU.

Compartir en redes sociales

El senador opositor Iván Cepeda Castro anunció este lunes 2 de noviembre que presentará denuncias penales y disciplinarias contra el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, por sus presuntos vínculos con narcotraficantes y paramilitares. El congresista también remitirá los hallazgos de su investigación a las autoridades de Estados Unidos, debido a que el jefe de Estado ostenta la ciudadanía estadounidense desde febrero de 2023.

El anuncio se produce después del debate de control político celebrado el 27 de octubre en la plenaria del Senado, donde Cepeda expuso siete casos y diez hechos que, en su concepto, evidencian una «contrarreforma agraria» y un esquema de «narcorrentismo» que habría capturado al Estado. Según el senador, se trata de agencias creadas para retirar predios del narcotráfico pero que estarían dirigidas por personas con vínculos con esos mismos sectores. El congresista acudirá a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al mandatario, mientras que la denuncia contra Dangond incluye los delitos de fraude, falsedad documental y hostigamiento al campesinado.

Los hallazgos de la investigación

Durante su intervención, Cepeda sustentó sus acusaciones con certificados de tradición, escrituras públicas, estados financieros y decisiones judiciales. Uno de los señalamientos más fuertes recae sobre la distribuidora Dominio De la Espriella, encargada de comercializar el Ron Defensor, de la cual el 40% de los aportes de capital provendrían de familiares y empresas vinculadas con Hugues Rodríguez Fuentes, alias Barbie, reconocido narcotraficante. El senador también mencionó que 14 altos cargos del sector agropecuario estarían cuestionados por sus vínculos con la firma De La Espriella Lawyers o con el propio ministro Dangond.

Uno de los puntos más críticos es la congelación de 1,4 billones de pesos destinados a la compra de predios para campesinos, así como la decisión de revocar la declaratoria de un millón de hectáreas como zonas de protección alimentaria. Cepeda aseguró que la política del Ministerio de Agricultura «busca eliminar al campesinado» y denunció que el Gobierno habría retirado las referencias a esta población en los reglamentos técnicos del sector. El senador recordó, además, antecedentes judiciales de 2008 y 2011 relacionados con la parapolítica y los señalamientos de Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, contra De la Espriella.

«Los hallazgos de la investigación para el debate también se presentarán a las autoridades de Estados Unidos, dada la ciudadanía estadounidense de De la Espriella»

Iván Cepeda Castro, senador opositor

La respuesta del Ejecutivo

El ministro de Justicia, Iván Cancino, salió al paso de las acusaciones y pidió a la oposición sustentar sus afirmaciones con pruebas. «Que presenten pruebas», dijo el funcionario, quien defendió la presunción de inocencia del presidente y cuestionó que no se aplique el mismo nivel de exigencia a las denuncias contra el Gobierno anterior por corrupción, narcotráfico, abusos sexuales, responsabilidad fiscal y posibles nexos criminales. «No vamos a quedarnos en insinuaciones», agregó Cancino, al tiempo que anunció que el Ejecutivo remitirá videos, fotografías, documentos, peritajes y auditorías a las autoridades competentes para responder a las acusaciones.

Cepeda también señaló a Daniel Peñarredonda, exsocio de De La Espriella Lawyers, identificado como «co-conspirador 1» en una acusación federal en Tampa, Florida, por lavado de activos. Para el senador, la presunta alianza entre capitales ilegales, propietarios de tierra y grupos armados constituye una captura estatal que frena la restitución de tierras y perjudica a las comunidades rurales. En su denuncia, Cepeda afirmó que De la Espriella «habría mantenido relaciones que irían más allá de la representación legal de clientes», al referirse a sus vínculos con estructuras paramilitares y de narcotráfico, mientras el Gobierno insiste en que entregará sus propias denuncias a las autoridades competentes para aclarar su situación.

Sigue leyendo