Senador Deluque cuestiona traslado de fiscal que investigaba a Petro por caso Kevin Acosta

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Un nuevo capítulo de controversia rodea la investigación por la muerte de Kevin Arley Acosta, el menor con hemofilia fallecido el 13 de febrero de 2026, luego de que el senador Alfredo Deluque cuestionara públicamente el traslado de la fiscal especializada que llevaba el caso. La Fiscalía General de la Nación respondió que la medida, que implicó la salida de Fabiola Alexandra Obando Rodríguez de la investigación, obedeció a situaciones administrativas relacionadas con el estado de salud de la funcionaria.

La fiscal Obando, reconocida por el senador Deluque como la única especialista en derecho y nuevas tecnologías sobre la vida en Colombia, había avanzado significativamente en el caso. De hecho, ya había solicitado imputaciones por homicidio culposo contra el médico que atendió al menor, el interventor de la Nueva EPS y el auditor de concurrencia. Además, compulsó copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se examinara la posible responsabilidad del entonces presidente Gustavo Petro por homicidio culposo y por la filtración de la historia clínica del menor sin autorización familiar. Fue en este contexto que la Dirección Seccional Bogotá ordenó la variación del titular del despacho fiscal.

Cuestionamientos del senador y respuesta de la Fiscalía

“¿Alguien podría explicar por qué retiran de una investigación tan sensible a una fiscal con especialidad específica, cuando las indagaciones estaban tan avanzadas?”, cuestionó el senador Alfredo Deluque a través de su cuenta en la red social X. En diálogo con Infobae Colombia, la Fiscalía General explicó que “la decisión obedeció a situaciones administrativas, debido a que la funcionaria Fabiola Alexandra Obando Rodríguez allegó certificaciones médicas sobre su estado de salud a las cuales se les debía dar estricto cumplimiento”. El ente acusador aseguró que el caso fue asumido por una nueva fiscal “en el estado en que se encontraba al momento del cambio, sin que esta situación interna genere contratiempos en el avance de la misma”.

La situación ha generado una profunda preocupación en la familia de la víctima, representada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz. En un comunicado, Ruiz afirmó que “cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”. El abogado enfatizó que “ninguna decisión administrativa puede convertirse en un obstáculo para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas”.

“Cuando está de por medio la muerte de un menor de edad y el derecho de una familia a conocer la verdad, cualquier decisión que pueda incidir en el curso de la investigación debe estar acompañada de explicaciones claras”

Wilson Ruiz, exministro de Justicia y abogado de la familia Acosta

Un patrón de traslados que inquieta

La controversia se ha visto incrementada por el hecho de que, apenas cuatro días antes del traslado de Obando, otra fiscal del caso, Diana Constanza Urriago Fajardo, también fue reasignada. Su traslado se formalizó a través de la Resolución 20330-03416 del 4 de noviembre de 2026, que la movió de la Fiscalía 308 (Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes) a la Fiscalía 51 (Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal). Lo llamativo, según el senador Deluque, es que Urriago también había compulsado copias contra el expresidente Gustavo Petro antes de ser reasignada, lo que ha sido calificado por los representantes de las víctimas como un hecho que debe ser investigado a fondo. Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación ya había concluido que la Nueva EPS no garantizó de manera oportuna el suministro del medicamento que Kevin requería, remitiendo el caso a las autoridades competentes. La familia de Kevin Acosta y sus apoderados insisten en que se requiere total transparencia para que el esclarecimiento de los hechos no se vea afectado por decisiones administrativas internas.

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