En una contundente intervención en la plenaria del Senado, el senador Walter Alfonso Rodríguez, conocido como «Wally», del Pacto Histórico, denunció este 27 de octubre que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no ha atendido a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Según el congresista, a más de 75 días de la emergencia no existen contratos ni órdenes de proveeduría para atender la tragedia, y lo único formalmente certificado por el Ejecutivo ha sido el despacho de dos carrotanques. «Vamos a ver si con lo que tengo aquí Abelardo va a seguir viendo sonrisitas, entregando balones o la nueva, entregando llaves de cartón del supuesto fondo milagro», advirtió Rodríguez desde la tribuna.
El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó un saldo devastador: 335 víctimas mortales, 4.516 personas heridas y 103 desaparecidas. El Registro Único de Damnificados (RUD) contabiliza 489.862 personas afectadas, equivalentes a 305.791 familias, mientras que 207.889 viviendas resultaron averiadas en 500 municipios de 16 departamentos. Pese a la magnitud de la catástrofe, el senador denunció que la respuesta oficial ha sido prácticamente nula. «A la fecha no hay una sola orden de proveeduría para atender la tragedia, no hay ningún contrato. En más de 75 días de emergencia, lo único formalmente certificado por el gobierno fue el despacho de dos carrotanques. Cero compras, cero contratos y cero soluciones de fondo», enfatizó.
«Es una estructura que solo existe en el papel mientras las comunidades sufren el abandono»
Walter Alfonso Rodríguez, senador del Pacto Histórico
Fondo Milagro: un fondo de papel
El llamado Fondo Milagro, creado por el Gobierno en agosto pasado para coordinar recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción, ha sido el centro de las críticas del senador. Rodríguez reveló que el contrato fiduciario que le da vida a este mecanismo se firmó apenas 56 días después del sismo y que el plan de acción fue aprobado el 19 de octubre, cuatro días después de lo anunciado oficialmente. Aún más grave, denunció que el fondo no cuenta con manuales operativos ni de contratación, lo que le impide ejecutar recurso alguno. «El Fondo Milagro no ha hecho ninguna clase de trabajo respecto al tema de la emergencia. Esa es la realidad bastante lamentable», aseguró el congresista, quien cuestionó además la necesidad de crear esta instancia: «El Fondo Milagro era un fondo que no había necesidad de hacer. Dentro de las funciones de la Ungrd y del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, pues se pueden hacer subcuentas, como la Subcuenta del Sismo, la cual, pues al verse reemplazada por el Fondo Milagro, pues no tiene ningún ingreso», explicó en declaraciones a El Reporte Coronell de Caracol Radio.
El senador, quien se ha declarado abiertamente en oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella, también cuestionó la composición del consejo directivo del fondo, donde tienen asiento representantes de empresas privadas y entidades públicas. Para Rodríguez, esta estructura duplica funciones que ya podían ser atendidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, a través de mecanismos como la Subcuenta del Sismo, que al verse desplazada por el Fondo Milagro quedó sin ingresos.
Contraste en las versiones del presidente
La denuncia del senador pone en evidencia un marcado contraste entre los anuncios del presidente De la Espriella y la realidad documentada por el congresista. El 24 de agosto, en un discurso en Quibdó (Chocó), el mandatario prometió un control riguroso sobre los recursos: «Cada centavo ejecutado deberá seguerse desde el momento en que ingresa al fondo hasta que se convierta en una casa, en una escuela, en un hospital, en un centro de salud, en una vía o en cualquier obra». Sin embargo, el pasado 25 de octubre, en una locución, el presidente cambió el discurso al afirmar que «los aportes de los empresarios y las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Patria Milagro ni al presupuesto general de la nación. Que quede absolutamente claro». Esta contradicción, sumada a las explicaciones ofrecidas el 28 de agosto en Pereira, ha generado confusión sobre el destino real de los dineros.
«Cada centavo ejecutado deberá seguerse desde el momento en que ingresa al fondo hasta que se convierta en una casa, en una escuela, en un hospital, en un centro de salud, en una vía o en cualquier obra»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, discurso del 24 de agosto en Quibdó
«Los aportes de los empresarios y las fundaciones y los donantes privados no ingresan al Fondo Patria Milagro ni al presupuesto general de la nación. Que quede absolutamente claro»
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, locución del 25 de octubre
El senador Rodríguez basó su denuncia en respuestas oficiales obtenidas tras una tutela y una orden judicial, luego de que sus solicitudes de información del 18 de agosto y la ampliación del 8 de septiembre no fueran atendidas por la entidad nacional. Los documentos revisados no registraban contratos ni órdenes de proveeduría, y solo certificaban el despacho de los dos carrotanques. Adicionalmente, el congresista reveló un preocupante escenario en el Presupuesto General de la Nación decretado por el Gobierno: de sus 90 artículos, solamente dos mencionan la tragedia, la palabra «sismo» aparece dos veces y «Fondo Milagro» cuatro. «Lo que se está diciendo es que no habrá recursos directos, sino que las obras de cada cartera pues se enviarán al Fondo Milagro, a un fondo de papel que en este momento no tiene ni manual de contratación ni manual operativo», explicó. Frente al escenario hipotético de aportes privados por 2 billones de pesos, Rodríguez insistió en que sin manuales ni estructura operativa, el fondo no podrá ejecutar esos recursos.
La situación es particularmente crítica en municipios como Dosquebradas (Risaralda), donde el censo registra más de 8.100 familias afectadas, pero el Ejecutivo solo ha anunciado 300 subsidios. La Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre barreras para el registro de damnificados, la actualización de daños en viviendas y la entrega de auxilios económicos, mientras la Comisión Sexta del Senado aplazó un debate de control político para citar a los responsables de la atención de la emergencia. Con 75 días de retraso y comunidades enteras esperando soluciones, la denuncia de «Wally» deja en evidencia un aparato estatal que, según sus palabras, no ha logrado convertir la promesa de reconstrucción en hechos concretos para las víctimas del peor sismo que ha sacudido a Colombia en décadas.
