El senador de Arizona, Rubén Gallego, de origen colombiano, ha lanzado una ofensiva en el Congreso estadounidense para frenar la nueva política migratoria del presidente Donald Trump que, según estimaciones, podría obligar a más de 1,2 millones de solicitantes de la green card a tramitar la residencia permanente desde sus países de origen. Gallego envió una carta a la Oficina para la Fiscalización del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) solicitando que determine si la guía emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) el pasado 22 de mayo constituye una nueva regla, lo que permitiría al Congreso votar para bloquearla mediante el Acto para la Revisión del Congreso.
La controversia se desató luego de que USCIS divulgara un memorando que establece que los extranjeros que busquen residencia permanente mediante ajuste de estatus deberán hacerlo desde sus países de origen, salvo en circunstancias consideradas «extraordinarias». Esta disposición rompe con una práctica de más de seis décadas, durante las cuales las personas con visas legales por trabajo, estudio o reunificación familiar podían solicitar la green card sin salir de territorio estadounidense. Abogados y organizaciones de defensa de inmigrantes han advertido que el cambio representa una ruptura radical con el precedente histórico.
La ofensiva legislativa de Gallego
En su carta a la GAO, el senador demócrata sostiene que la guía de USCIS no es una simple aclaración, sino un cambio de política disfrazado. «En una desviación del precedente de larga data, la nueva guía parece diseñada para crear una nueva presunción contra la concesión del ajuste de estatus a los no ciudadanos al caracterizar incorrectamente este beneficio como algo extraordinario», escribió Gallego. La misiva busca que la GAO evalúe si el memorando constituye una «regla» bajo la ley federal, lo que activaría el mecanismo de revisión del Congreso y permitiría presentar una resolución de desaprobación para anular la directiva.
Mientras tanto, el Senado estadounidense aprobó el viernes 5 de junio un paquete de 70.000 millones de dólares para financiar la ofensiva migratoria de la administración Trump, recursos que podrían destinarse a la implementación de esta nueva política. La defensa de la Casa Blanca insiste en que no se trata de un cambio de ley, sino de una reiteración de que el ajuste de estatus es un beneficio discrecional. Sin embargo, un portavoz de la oficina de Gallego señaló que «la supuesta aclaración de la administración solo añadió más confusión. Ahora la administración afirma que esto nunca fue un cambio de política para empezar, pero eso no es lo que dice el memorando».
«En una desviación del precedente de larga data, la nueva guía parece diseñada para crear una nueva presunción contra la concesión del ajuste de estatus a los no ciudadanos al caracterizar incorrectamente este beneficio como algo extraordinario».
Rubén Gallego, senador de Arizona
De los 1,2 millones de solicitudes de residencia permanente que podrían verse afectadas, se estima que al menos 25.000 corresponden a ciudadanos colombianos que actualmente residen en Estados Unidos con visas temporales. El Departamento de Seguridad Interna (DHS) intentó calmar la incertidumbre al aclarar que el memorando no implica que todos los solicitantes deban abandonar el país y que cada caso se evaluará de manera individual, pero la ambigüedad del comunicado no logró disipar las preocupaciones entre las comunidades de inmigrantes y los abogados especializados.
El calendario legislativo podría retrasar cualquier acción concreta hasta el próximo Congreso, después de las elecciones de mitad de mandato. Si la GAO determina que la guía de USCIS califica como una regla, el Congreso podría votar una resolución de desaprobación. De lo contrario, la política continuará vigente mientras se agotan las vías judiciales. La ofensiva de Gallego representa el primer intento serio desde el Capitolio de frenar lo que muchos consideran un endurecimiento migratorio sin precedentes en las últimas décadas.
