El senador Enrique Gómez, director del partido Salvación Nacional y presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado, lanzó duras críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al asegurar que el 80% de los subcasos que tramita ese tribunal de justicia transicional se encuentran sin resolver. En una declaración pública reciente, el congresista denunció lo que califica como una “asimetría” en las investigaciones que, a su juicio, favorece la impunidad de las extintas Farc. Gómez, reconocido opositor del Acuerdo de Paz de 2016, cuestionó la lentitud y el sesgo de la JEP al comparar el avance de los casos contra la fuerza pública con aquellos que involucran a los antiguos guerrilleros.
De acuerdo con las cifras presentadas por el senador, la JEP maneja actualmente once macrocasos, desglosados en 34 subcasos. De ese total, apenas seis han recibido una resolución de conclusiones, lo que representa aproximadamente un 20%, mientras que los 28 restantes —equivalentes al 80%— permanecen sin avance significativo. Gómez fue enfático al señalar el estancamiento en casos emblemáticos: en el macrocaso 1, que investiga la toma de rehenes por parte de las Farc, de ocho subcasos solo uno cuenta con resolución; el macrocaso 7, sobre reclutamiento de menores, no ha producido ningún fallo en sus siete subcasos; y el macrocaso 11, relacionado con violencia de género, también está completamente paralizado. En contraste, el macrocaso 3, que indaga los llamados ‘falsos positivos’ atribuidos a miembros de la fuerza pública, registra cuatro resoluciones de conclusiones de siete subcasos.
“La JEP es una vergüenza de impunidad”
Durante sus declaraciones, el senador no solo destacó las cifras, sino que expresó su indignación con un lenguaje directo. “En la JEP se congeló la justicia, pero nunca la burocracia. Es una vergüenza. Miren, ahí se tramitan 11 macrocasos. De esos, hay 34 subcasos. Solo en seis casos se ha proferido una resolución de conclusiones. El 80% de los demás subcasos yacen el sueño de los justos, medio engavetados, medio dispersados”, afirmó el congresista.
“Nada se ha hecho en relación con los bloques terribles, siniestros, el Bloque Oriental, el Sur, el Magdalena, todos esos bloques que secuestraron, extorsionaron, asesinaron a los familiares de decenas de miles de colombianos. Ahí nada”.
Enrique Gómez, senador y presidente de la Comisión Primera del Senado
El parlamentario también apuntó directamente contra lo que considera una disparidad en el tratamiento judicial. “Esa es la punta de lanza de la izquierda colombiana. Sí, lamentable, pero me molesta la asimetría. ¿Sabe por qué? Porque en el caso 7, de reclutamiento de menores, adivine cuántas resoluciones de conclusiones en los siete subcasos que hay ahí se han proferido. Ninguna”, sostuvo Gómez, quien concluyó su intervención asegurando que la JEP representa una “garantía total de impunidad para las Farc” y una “humillación, desgaste y repetición” para las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada como el corazón del sistema de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc. Su mandato es investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado interno. Según datos oficiales de la JEP, hasta la fecha se han imputado a 432 máximos responsables, de los cuales 245 han reconocido su responsabilidad y aportado verdad. Además, se han emitido 6.271 decisiones de sometimiento y se han acreditado 16.097 víctimas en las salas y secciones del tribunal. Sin embargo, para sectores críticos como el representado por Gómez, estos números no reflejan una justicia efectiva.
Las declaraciones del senador se enmarcan en un debate público recurrente sobre la eficacia y celeridad de la JEP, así como sobre la percepción de impunidad que persiste en amplios sectores de la sociedad colombiana. Mientras el tribunal defiende su labor como un proceso complejo y gradual, voces como la de Gómez exigen resultados concretos y advierten sobre un posible fracaso del modelo de justicia transicional. La polémica, una vez más, pone sobre la mesa las tensiones inherentes a un sistema que busca equilibrar verdad, justicia, reparación y no repetición en un país que aún cicatriza las heridas de más de medio siglo de conflicto.
