El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, radicó este 23 de septiembre ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca establecer un cierre definitivo para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo de 2028, cuando se cumplan diez años de su funcionamiento. La iniciativa propone eliminar la posibilidad de una prórroga por cinco años que actualmente contempla el marco legal y ordenar que todos los procesos que queden pendientes sean trasladados a la justicia ordinaria, bajo reglas de justicia transicional que preserven las garantías procesales.
La JEP fue creada como parte del acuerdo de paz con las Farc, con un carácter transitorio y excepcional reconocido por la Corte Constitucional, que fijó condiciones para una eventual ampliación de su vigencia. Sin embargo, Gómez considera que esa excepcionalidad se ha desvirtuado y que la extensión del tribunal genera gastos excesivos. Según sus cálculos, una ampliación de cinco años, entre 2027 y 2033, costaría aproximadamente 6,2 billones de pesos, recursos que, en su opinión, deberían destinarse a descongestionar los juzgados de la justicia ordinaria. El senador también señaló que actualmente hay más de 9.700 guerrilleros y cerca de 2.000 miembros de las Fuerzas Militares sometidos a la JEP, además de 1.200 contratistas adicionales que, según Gómez, engrosan una estructura que calificó como excesiva.
Las críticas del senador
Durante la radicación del proyecto, Gómez fue contundente al afirmar que la JEP se ha desviado de su propósito original. En sus declaraciones, aseguró que el tribunal «se dedica solo a lavarle el rostro histórico a las Farc» y que sus resoluciones representan «una simulación de penas» que terminan por amnistiar delitos que la legislación internacional considera inamnistiables, como los de lesa humanidad y crímenes de guerra. El senador también cuestionó los altos salarios de los funcionarios de la JEP y la cantidad de contratistas, señalando que «cargos con las más altas denominaciones de función pública del país y del poder judicial, con todos los excesos posibles» son una muestra de la falta de control.
«La JEP fue concebida como una justicia transicional, excepcional y temporal. Lo que proponemos es que Colombia tenga claridad sobre cuándo termina y qué pasará con los procesos que queden pendientes».
Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional
El proyecto de acto legislativo, que modificaría el artículo transitorio 15 de la Constitución, incluye un nuevo artículo 15-A para regular el traslado de los procesos a la justicia ordinaria. La Fiscalía General de la Nación asumiría las tareas de investigación y acusación en los casos que no hayan sido resueltos antes de marzo de 2028. La iniciativa también contempla una opción para aquellas personas que cumplen con las condiciones para acudir a la JEP pero aún no están vinculadas, con el fin de no afectar el debido proceso ni los derechos de las víctimas. Gómez enfatizó que los casos trasladados no implicarán un tratamiento penal o procesal más gravoso para quienes ya están sometidos al tribunal especial.
Un debate que se reabre
La propuesta del senador Gómez reaviva el debate político en torno a la JEP, cuya prórroga es un tema sensible en el Congreso y en la opinión pública. Mientras sectores afines al acuerdo de paz defienden la necesidad de darle tiempo al tribunal para cumplir sus funciones y garantizar justicia restaurativa, críticos como Gómez insisten en que la jurisdicción especial se ha convertido en una carga fiscal y en un mecanismo que no satisface a las víctimas. El proyecto deberá ahora surtir su trámite legislativo, que incluye debates en comisiones y plenarias, y enfrenta un camino incierto en un escenario político dividido.
