El senador Iván Cepeda anunció que liderará un proceso de desobediencia civil pacífica contra el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella si no se cumplen una serie de condiciones de “legalidad” antes de su posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto. El congresista, quien obtuvo más de 12 millones de votos en las pasadas elecciones, condicionó su reconocimiento al nuevo mandatario a que este renuncie a su nacionalidad estadounidense, aclare presuntos vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, se someta a la soberanía colombiana, cese una presunta persecución política y judicial, y se comprometa a no extraditar al expresidente Gustavo Petro. El anuncio se produce en un ambiente de alta polarización, luego de que la segunda vuelta presidencial se definiera por menos de un punto porcentual y que el Consejo Nacional Electoral desestimara el 18 de junio una solicitud de revocatoria de la candidatura de De la Espriella.
En una declaración pública, Cepeda fue enfático al señalar que, de no cumplirse estas exigencias, “como líder de la oposición (…) emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”. El senador invitó a sus más de 12 millones de electores a sumarse a esta postura: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra Constitución Política”. Además, el congresista argumentó que la doble nacionalidad de De la Espriella —colombiana, estadounidense e italiana— es incompatible con la investidura presidencial, y señaló dudas sobre sus presuntos vínculos con agencias como la DEA o la CIA, así como su defensa del empresario Alex Saab.
¿Qué es la desobediencia civil y qué implica en este contexto?
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, Luis Bernardo Mur, explicó que la desobediencia civil es “una forma de protesta pública, consciente y no violenta que implica incumplir deliberadamente una ley o mandato estatal con el objetivo de denunciar una injusticia y provocar un cambio político o social, un instrumento que exige proporcionalidad, agotamiento de las vías institucionales, transparencia de objetivos y disposición a asumir las consecuencias legales”. Mur advirtió que el gobierno entrante arranca su gestión “con una oposición que, desde el día uno, plantea no reconocer su autoridad si no cede a condiciones políticas —no solo jurídicas—, lo que anticipa un Congreso más beligerante, un ambiente de movilización social latente y un desgaste comunicacional constante desde antes de la posesión”.
“Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión”.
Iván Cepeda, senador de la República
El llamado de Cepeda se da en medio de la transición ya iniciada por el presidente electo, quien ha comenzado el empalme institucional y designó a Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. Figuras políticas como el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el designado ministro del Interior Rodrigo Lara han pedido respetar la democracia, mientras que el excandidato Enrique Peñalosa cuestionó a Cepeda señalando que el presidente saliente Gustavo Petro también tiene nacionalidad italiana. Por su parte, el expresidente del Senado Lidio García rechazó abiertamente la convocatoria. Analistas advierten que esta postura puede profundizar la polarización y complicar la gobernabilidad, y que su impacto real dependerá de si se materializa en movilización social y bloqueo legislativo. La desobediencia civil, asociada históricamente a figuras como Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., se plantea ahora como una herramienta de oposición antes incluso de que el nuevo gobierno tome decisiones, un hecho atípico que marca un antecedente en la política colombiana.
