El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, encendió las alarmas esta semana al advertir sobre el complejo panorama de seguridad que enfrenta el Estado colombiano tras las amenazas denunciadas contra el registrador Nacional, Hernán Penagos, y el procurador General, Gregorio Eljach. A través de un mensaje en la red social X, el congresista aseguró que la Fiscalía General, que tiene al vicefiscal Gilberto Guerrero como encargado, heredó una situación especialmente complicada, marcada por la polarización y los señalamientos enquistados en la sociedad colombiana.
“Esta semana el país conoció amenazas contra el Registrador, el Procurador y otros altos funcionarios”, escribió el senador, quien además llamó la atención sobre las implicaciones de estas intimidaciones para la ciudadanía en general. Según Motoa, el panorama es preocupante: “Lo que revela un panorama muy complejo… porque si integrantes del Estado lidian con semejante zozobra, ¿qué pueden esperar líderes sociales, comunitarios, periodistas y ciudadanía en general?”.
Amenazas que sacuden a los organismos de control
El pronunciamiento del senador coincide con un momento de máxima tensión en el aparato estatal. El registrador Hernán Penagos reveló a Caracol Radio que los organismos de inteligencia le informaron sobre un presunto plan para atentar contra su vida, plan que, según las pesquisas preliminares, habría sido orquestado desde un centro carcelario. Penagos, quien participó en el lanzamiento oficial del calendario electoral de 2027, aseguró que se encuentra tranquilo y que no ha recibido reportes adicionales a los entregados por las autoridades de seguridad. El ministro de Justicia, Iván Cancino, informó de la situación al presidente de la República y al vicefiscal encargado de la Fiscalía, Gilberto Guerrero, con la advertencia de que se tomarían nuevas medidas de protección.
Por su parte, el procurador Gregorio Eljach retomó esta semana sus labores presenciales en la sede principal de la Procuraduría, luego de permanecer un mes ausente por los riesgos detectados en contra de su integridad física y la de su núcleo familiar. El propio funcionario señaló que su seguridad y la de su familia ya se encontraban comprometidas y que la situación involucra, sin conclusiones definitivas, a personas vinculadas a la misma Procuraduría. En su intervención, Eljach indicó que están en marcha medidas de protección para su equipo de trabajo, pero evitó entregar nombres o detalles de las indagaciones internas para no entorpecer los procedimientos de las autoridades forenses y de inteligencia.
“Estamos tomando medidas muy serias y muy profundas para evitar un peligro muy grave que se cernía sobre mi persona y sobre mi equipo de trabajo. Espero poder volver con la tranquilidad que uno se merece”.
Gregorio Eljach, procurador General
Respaldo del Congreso y respuesta institucional
El caso encendió el debate político en el Congreso, donde diversas bancadas reclamaron garantías institucionales para las elecciones y para la vigilancia disciplinaria. En ese marco, el senador Motoa fijó su posición frente a la Fiscalía y al revelador escenario de seguridad que rodea a las altas cortes y organismos de control.
“Cada vez más evidente que @FiscaliaCol heredó una situación complicada, en la que la polarización (mediante acoso y señalamientos) continúa muy enquistada en el seno de la sociedad colombiana”.
Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical
El congresista, sin embargo, se mostró confiado en la labor del ente acusador. “Confío en capacidades y objetividad del ente acusador”, afirmó, en un mensaje dirigido al vicefiscal encargado. Mientras tanto, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección mantienen un monitoreo especial sobre las sedes de la Registraduría y la Procuraduría, a la vez que la Fiscalía recopila testimonios para determinar el origen de los presuntos planes delictivos. La situación sigue poniendo a prueba la institucionalidad del país, que ya se alista para los comicios de 2027.
