El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, propuso desmontar las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a partir de marzo de 2028, cuando concluye el período actual del tribunal, y trasladar sus recursos a la justicia ordinaria. La iniciativa, revelada en una entrevista con Noticias RCN, generó una inmediata réplica de la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico y exministra de Salud, quien mediante su cuenta en la red social X rechazó de plano la idea al advertir que cerraría la puerta a los miembros de la fuerza pública que se sometieron voluntariamente a esta jurisdicción y que han colaborado con la verdad.
Gómez fundamentó su propuesta en una crítica al gasto anual de la JEP, que cifró en 813.000 millones de pesos, y en la evaluación de la actividad de las salas durante sus primeros cinco años de operación. Según el senador, en ese periodo los magistrados —20 en total, cada uno con cuatro auxiliares y 32 funcionarios adicionales por despacho— no emitieron condenas, fallos ni actuaciones apelables que revisar. Además, señaló que el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, autorizó 1.200 contratos de nómina paralela, lo cual consideró un abuso del erario. “El dinero de los contribuyentes no es de los funcionarios públicos”, afirmó Gómez, quien insistió en que “el camino es aceptar” el cierre de las salas en 2028. Sin ellas, estimó, cerca de la mitad de ese presupuesto anual podría destinarse a despachos de la justicia ordinaria que enfrentan limitaciones presupuestales.
Los argumentos de la senadora Corcho
La respuesta de Carolina Corcho no se hizo esperar. La senadora recordó que el marco legal que creó la JEP, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, establece en su artículo transitorio 15 que el límite para concluir las acusaciones es 2028, pero también prevé cinco años adicionales de actividad jurisdiccional. Por tanto, aseguró que desmontar las salas en esa fecha sería un error jurídico y político. “Nadie se victimiza”, sostuvo Corcho, quien aportó cifras contundentes: la JEP tiene más de 300.000 víctimas acreditadas en los macrocasos y ha emitido 1.019 renuncias a la persecución penal de un total de 1.070 solicitudes. De esas renuncias, el 95% benefició a integrantes de la fuerza pública. En su opinión, eliminar las salas “no le quita peso a la impunidad; les cierra la puerta a los militares que se sometieron y dijeron la verdad, para que resuelvan su situación jurídica y sigan vulnerables en procesos en tribunales internacionales por las obligaciones del Estado Colombiano”.
«Desmontarlas no le quita peso a la impunidad; les cierra la puerta a los militares que se sometieron y dijeron la verdad, para que resuelvan su situación jurídica y sigan vulnerables en procesos en tribunales internacionales por las obligaciones del Estado Colombiano»
Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico
El debate se enmarca en la próxima discusión presupuestal en el Congreso, prevista para 2027, y en un contexto de restricciones fiscales y crecientes críticas al gasto público. Mientras Gómez sostiene que los recursos de la JEP deben redirigirse para fortalecer la justicia ordinaria, Corcho defiende la continuidad del tribunal como garantía de verdad y reparación para las víctimas y como mecanismo para que los comparecientes —especialmente los militares— eviten ser juzgados en instancias internacionales. La controversia refleja las profundas diferencias políticas en torno al modelo de justicia transicional colombiano.
