La senadora Aida Quilcué, excandidata vicepresidencial del Pacto Histórico, rechazó de manera categórica la narrativa del “voto fusil” que, según denuncias del Centro Democrático, habría favorecido a Iván Cepeda en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio. Quilcué afirmó que no permitirá persecuciones ni estigmatización contra quienes votaron por su fórmula, y consideró que la acusación de coacción armada es un intento de la ultraderecha por desacreditar el respaldo democrático que obtuvo su movimiento político.
Las denuncias fueron presentadas por el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, quien señaló irregularidades en municipios de Nariño, especialmente en Tumaco. Forero indicó que la participación electoral en esa localidad pasó de 38,43% en la primera vuelta, realizada el 31 de mayo, a 60,39% en la segunda vuelta. Además, afirmó que Iván Cepeda casi duplicó su votación mientras que el otro candidato, de quien no se especificó el nombre, mantuvo cifras similares. “En varias mesas el 100% de los votos fue para Cepeda. Todo apunta al voto fusil”, expresó Forero, quien también mencionó otros municipios de Nariño sin detallarlos.
En respuesta, la senadora Quilcué utilizó su cuenta en la red social X para rechazar lo que calificó como una “narrativa de la ultraderecha”. “La narrativa del ‘voto fusil’ que la ultraderecha quiere generar desconoce que millones de colombianos y colombianas, cerca de la mitad del electorado del país, han respaldado democráticamente nuestro proyecto político”, afirmó. Y agregó: “No permitiremos que se promuevan persecuciones contra nuestra gente ni que se estigmatice a quienes piensan diferente. Aquí estamos y aquí seguiremos, defendiendo la vida, la democracia, los derechos de las comunidades y la esperanza de un país más justo e incluyente”. Según datos de la senadora, 12.708.712 personas votaron por Iván Cepeda a nivel nacional, una cifra que, en su opinión, demuestra la legitimidad del respaldo obtenido.
Cruce de acusaciones y defensa de la transparencia
El debate se intensificó con la intervención de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien recordó que la exalcaldesa de Bogotá Claudia López había advertido sobre el “voto fusil” antes de los comicios. Dávila cuestionó las cifras de la Registraduría Nacional, señalando que el escrutinio coincidió en un 99,997% con el preconteo, lo que, según ella, debería generar tranquilidad. En un tono directo, se dirigió a Quilcué: “Dejen que Colombia florezca, hagan oposición seria y sin violencia. Pero acepten que el escrutinio es 99,997% coincidente con el preconteo. Ustedes perdieron las elecciones. Repita conmigo Aida Quilcué: ‘perdimos, perdimos, perdimos’”.
Por su parte, Claudia López utilizó su cuenta en X para aclarar su posición. Aunque reconoció que “los criminales tienen preferencias políticas es obvio y peligroso, como lo denunciamos muchos”, afirmó que la teoría del “voto fusil cepedista y decisorio” no se sostiene con análisis estadísticos rigurosos. “La coacción armada no fue cepedista ni fue decisoria, a diferencia de la de los paramilitares en favor del uribismo entre 1997 y 2006”, escribió López, marcando una diferencia con el fenómeno histórico que, según ella, sí tuvo un impacto verificable.
“La narrativa del ‘voto fusil’ que la ultraderecha quiere generar desconoce que millones de colombianos y colombianas, cerca de la mitad del electorado del país, han respaldado democráticamente nuestro proyecto político”
Aida Quilcué, senadora y excandidata vicepresidencial del Pacto Histórico
El enfrentamiento político deja abierta la posibilidad de que se inicien investigaciones electorales para determinar si hubo coacción armada en Tumaco y otras regiones de Nariño. Mientras el Centro Democrático insiste en que los datos de participación y votación unánime en varias mesas son sospechosos, el Pacto Histórico defiende la voluntad popular expresada en las urnas. La senadora Quilcué advirtió que no permitirá que se estigmatice a los votantes ni que se utilicen estas acusaciones para perseguir a sus simpatizantes. El debate sobre la legitimidad de los resultados en zonas de influencia de grupos armados amenaza con profundizar la polarización entre los dos bloques políticos que se enfrentaron en las urnas el 21 de junio.
