La senadora María Fernanda Cabal, precandidata presidencial del Centro Democrático, se sumó este 28 de octubre de 2025 a las críticas contra Gustavo Petro por su hipótesis sobre la toma del Palacio de Justicia y por vincular esa historia con la discusión política actual, en un intercambio que se intensificó en redes sociales dentro del marco del debate generado por la película “Noviembre”, dirigida por Tomás Corredor Pulido. Petro, por su parte, sostiene que existen datos forenses que muestran la muerte de Manuel Gaona Cruz durante el hecho de 1985, cuando tenía 42 años, y que deben tomarse en cuenta al revisar ese episodio histórico.
La posibilidad de desatar una confrontación pública en torno a las responsabilidades de distintos actores durante la toma del Palacio de Justicia se cruzó con el estreno de la película y con un marco judicial que añade capas a la discusión: la familia de Gaona presentó una tutela ante la Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá para exigir avisos de carácter ficcional y aclaraciones en materiales promocionales, evitando presentarla como documental. Burning S.A.S., la productora, defendió la obra como ficción que retrata hechos de interés público y no busca imputar hechos judiciales verificados. En ese contexto, el caso de Gaona y las diversas condenas vinculadas a años posteriores —Arias Cabrales condenado en 2011 por desaparición forzada, confirmaciones en 2014 por el Tribunal Superior de Bogotá y en 2019 por la Corte Suprema— forman parte de un entramado que alimenta la conversación sobre justicia, memoria histórica y política actual en Colombia, además de la decisión del gobierno en enero de 2024 de retirar condecoraciones al general retirado Arias Cabrales.
La memoria histórica en el ojo público: ficción, justicia y debate político
El debate ha girado alrededor de si la ficción cinematográfica puede o debe asimilar y presentar de manera responsable hechos que forman parte de una memoria colectiva sensibles, especialmente cuando las figuras y los hechos están asociados a episodios violentos y a actores de la época. La discusión se ha visto impulsada por las publicaciones en redes sociales de figuras políticas y por la lectura de la tutela que busca evitar que la película sea interpretada como una reconstrucción documental de la verdad judicial, y por la insistencia de que la historia no se utilice para fines propagandísticos. En este marco, la película y su recepción han colocado sobre la mesa preguntas sobre la responsabilidad de los creadores y sobre el límite entre la ficción y la memoria histórica de un país que todavía procesa las secuelas de décadas de violencia.
«Si en Colombia “hubiera habido justicia”, Gustavo Petro no estaría en la Presidencia sino en una cárcel» – María Fernanda Cabal, senadora
«Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a las de la fuerza pública, en sus cuerpos» – Gustavo Petro, presidente de Colombia
«El país no puede olvidar que los terroristas del M-19 y Pablo Escobar eran socios. Escobar ponía la plata y el M las acciones como lo afirma el Cnel Plazas Vega» – María Fernanda Cabal, senadora
«El triunfo de la propaganda de la izquierda terminó llevando al General Arias Cabrales, héroe del Palacio de Justicia a la cárcel y a Petro, guerrillero del M-19 a la presidencia» – María Fernanda Cabal, senadora
En ese contexto, la historia de Manuel Gaona Cruz, de 42 años al momento de su muerte, se enlaza con el análisis público de la película y con el registro judicial de décadas pasadas. La película “Noviembre” ha generado un marco de reflexión sobre cómo narrar hechos complejos sin confundir ficción con verificación, mientras la opinión pública continúa discutiendo la responsabilidad de actores políticos y la interpretación de la memoria histórica en Colombia.
