La senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico y exministra de Salud, anunció este martes 20 de octubre el inicio de una acción popular contra el Presupuesto General de la Nación de 2027, aprobado en la madrugada de la misma jornada en el Congreso de la República. Desde el recinto del Capitolio, la congresista advirtió que el trámite legislativo y los recortes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) vulneran la Constitución, el bloque de constitucionalidad y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. Junto con organizaciones de víctimas y madres buscadoras, Corcho también solicitará medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El presupuesto aprobado asciende a 634,9 billones de pesos, con una reducción total de 181.402 millones de pesos. El recorte más significativo recayó sobre la JEP, que perdió 170.000 millones de pesos, trasladados al sector Justicia, además de otros 11.402 millones que fueron a parar a Defensa, lo que deja a la Jurisdicción con apenas el 20% de sus recursos de inversión. En contraste, el presupuesto general para 2027 creció un 16,1% frente al fijado para 2026, un incremento que, según Corcho, evidencia que la decisión del Congreso no responde a una necesidad fiscal, sino a una intencionalidad política.
“Fácticamente están acabando con la JEP”
Durante su intervención, la senadora afirmó que “acabaron por un acto legislativo que compromete el bloque de constitucionalidad por la vía de la conexidad del derecho internacional humanitario, acabando con la Jurisdicción Especial de Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”. En ese sentido, insistió en que “si tendrían que ser reformadas, se requeriría una sustitución de la Constitución Política y el Congreso de Colombia no está facultado para hacer una sustitución de la Constitución Política”. La congresista también señaló que “lo que se votó inconstitucionalmente en el Congreso de la República constituye una obstrucción al acceso de la justicia” y denunció que “no hubo ninguna demostración técnica de por qué a la JEP tendría que reducírsele 170.000 millones y 11.000 millones”. A su juicio, “una institución a la cual se le reduce el 80% de su presupuesto de inversión, fácticamente la están acabando”.
“Aquí hay venganza contra las víctimas, contra el acuerdo de paz y, además, de manera por fuera de la ley y la Constitución”
Carolina Corcho, senadora del Pacto Histórico
La JEP y la UBPD forman parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en noviembre de 2016. Según explicó Corcho, los recursos que se recortan estaban destinados a financiar investigaciones, audiencias públicas y el pago de abogados para víctimas y comparecientes, por lo que su eliminación compromete de facto el funcionamiento de ambas instituciones en materia de atención a las víctimas.
La bancada del Pacto Histórico se retiró del Capitolio y no participó en la votación del presupuesto, que finalmente se produjo en la madrugada del 20 de octubre. La Cámara de Representantes acogió el mismo texto avalado por el Senado, sin que se adelantara un trámite de conciliación, y la iniciativa queda ahora a la espera de la sanción presidencial. El proyecto fue propuesto por Abelardo de la Espriella, presidente del Congreso.
Corcho, quien lideró la lista cerrada del Pacto Histórico y es una de las voceras del partido de oposición, denunció que la decisión del Congreso obedece a motivaciones políticas. La acción popular, que se presentará ante las instancias judiciales nacionales, estará acompañada de la solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un intento por blindar los avances del país en materia de verdad y justicia transicional frente a lo que considera un ataque directo del Legislativo contra el Acuerdo de Paz.
