La senadora Esmeralda Hernández denunció que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron versiones distintas del artículo 65 del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, sin realizar la conciliación exigida por el procedimiento legislativo antes del vencimiento del plazo legal, que operó el 20 de octubre. Esta diferencia, según la congresista y la defensora del Pueblo Regional de Bogotá, Lina García Sierra, invalida el trámite del presupuesto. La denuncia se conoció después de que la Cámara aprobara el proyecto en la madrugada del martes 20 de octubre, con 96 votos a favor y uno en contra, a las 3:30 a. m., fecha límite para completar el trámite.
De acuerdo con la denuncia, el Senado aprobó el artículo 65 en su redacción original, mientras que la Cámara lo hizo incluyendo una proposición del senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, quien la había retirado durante la sesión en el Senado, y dos parágrafos adicionales. Hernández explicó que la presión de tiempo impidió nombrar una comisión conciliadora antes del vencimiento. “En Senado aprueban el texto original y en Cámara aprueban el texto con la proposición de Caicedo firmada por un representante de la Cámara y queda un texto distinto”, señaló la senadora en entrevista con Daniel Coronell. Por su parte, Caicedo había dicho: “Yo, como autor único de la proposición, la retiro y la dejo como constancia”.
Una denuncia que tumba la legalidad del trámite
La defensora Lina García Sierra advirtió que, de sancionarse el proyecto, presentaría una demanda de inconstitucionalidad junto con quienes respaldan la denuncia. “En realidad, lo que pasa es que tumba la legalidad de todo el proyecto de ley”, afirmó. La controversia se centra en el artículo 65, relacionado con la estabilización de fondos ante fluctuaciones internacionales del petróleo y el valor de la gasolina. El representante John Édgar Pérez, ponente coordinador por Cambio Radical, defendió durante el debate que los textos aprobados por Senado y Cámara eran iguales y que no se requería conciliación, anunciando además una proposición para que la Cámara se adhiriera al texto del Senado.
“¡Tumbamos el Presupuesto de Abelardo!”
Esmeralda Hernández, senadora
El exministro del Interior Guillermo Rivera señaló que los secretarios de ambas cámaras ya habían dado fe de la identidad de los textos, pero que la denuncia podría llevar a revisar la etapa de remisión a la Presidencia, y mencionó posibles consecuencias penales como falsedad en documento público o prevaricato, asuntos sujetos a análisis jurídico. Ante este escenario, se planteó la posibilidad de que el Gobierno expida el presupuesto por decreto, tomando como base el proyecto aprobado en los primeros debates de las comisiones económicas conjuntas.
Según la senadora Hernández, durante las plenarias se aprobó una reducción adicional de más de 10.000 millones de pesos para la Jurisdicción Especial para la Paz, pero ese ajuste no podría incluirse en un eventual decreto si el trámite no se completó. La congresista también criticó las prioridades de gasto del proyecto, mencionando recursos para burocracia, inversión, subsidios de vivienda, educación superior y víctimas, así como los recortes a la JEP. La discusión sobre el caso recordó los problemas del trámite de la reforma a la justicia de 2012, según los participantes de la entrevista. Lina García invitó a mantener la vigilancia ciudadana sobre los proyectos de ley en el Congreso, en un episodio que deja en entredicho la legalidad del presupuesto de la nación para el próximo año.
