La senadora Paola Holguín, militante del Centro Democrático y precandidata presidencial, radicó una demanda ante el Consejo de Estado contra el Decreto 1190 de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, que establece la creación de un comité de expertos ad hoc encargado de esclarecer los hechos ocurridos durante las protestas de 2019 y 2021. Esta acción legal, presentada tras la intensa polémica desatada por la medida, busca la suspensión provisional del articulado del decreto para impedir su implementación inmediata.
Holguín argumenta que el decreto excede las competencias del Ejecutivo al conformar una entidad de nivel nacional sin la aprobación del Congreso de la República, violando así los principios constitucionales de control democrático. Además, cuestiona la motivación del gobierno, al considerar que se basa en una interpretación errónea de la sentencia 7641 de la Corte Suprema de Justicia, la cual no ordena en ningún momento la creación de esta comisión. El comité, según el decreto, tendría estructura organizativa, funciones definidas, equipo técnico, financiamiento propio, acceso a información estatal sensible e incluso incidencia en la formulación de políticas públicas, lo que genera temores sobre la posible creación de una jurisdicción especial similar a la Jurisdicción Especial para la Paz sin respaldo legislativo.
Críticas por falta de control y riesgo de impunidad
En su demanda, la senadora destaca varias preocupaciones, entre ellas la formación de órganos paralelos sin supervisión democrática, lo que podría sentar un precedente peligroso. El comité se orientaría a documentar violaciones a los derechos humanos durante las protestas de 2019 y 2021, así como las acciones posteriores del Estado; identificar omisiones y acciones tanto de agentes estatales como de particulares; y formular recomendaciones para la protección de derechos en futuras manifestaciones. Sin embargo, Holguín advierte sobre la posibilidad de equipos financiados con recursos externos, exentos de controles administrativos, fiscales o disciplinarios, lo que agrava las inquietudes.
«Varias preocupaciones. Una de ellas, que conforme una entidad del nivel nacional sin tener la competencia. Esto solo se puede hacer a través del Congreso de la República.»
Paola Holguín, senadora
«Falsa motivación, porque Petro dice que lo hace en cumplimiento a la sentencia 7641 de la Corte Suprema de Justicia, que en ningún momento ordena la conformación de esta comisión.»
Paola Holguín, senadora
La solicitud de suspensión provisional pretende evitar la conformación del comité, la contratación de personal y el acceso a datos sensibles, en medio de acusaciones de que esta iniciativa podría promover la impunidad para actos de violencia, vandalismo y terrorismo ocurridos durante lo que el gobierno denomina eufemísticamente «estallido social».
«Este decreto constituye un grave precedente de creación de órganos paralelos sin control democrático y se convierte en un mecanismo que seguramente busca la impunidad de quienes acudieron a la violencia, el vandalismo y el terrorismo en lo que denominan eufemísticamente estallido social.»
Paola Holguín, senadora
«Esperemos que no sea una estrategia para volver con ese discurso de odio y división de lo que ellos eufemísticamente llaman estallido, que fue la toma terrorista de las ciudades con fines políticos. Y además, que no sea una forma de enviar el mensaje a quienes cometen este tipo de actos diciéndoles que van a tener inmunidad.»
Paola Holguín, senadora
La demanda, verificada a partir de documentos como el propio decreto y la sentencia citada, así como reportes de fuentes como Infobae Colombia, pone en el centro del debate la legitimidad de las acciones del Ejecutivo frente a las protestas que marcaron un periodo de alta tensión social entre 2019 y 2021, donde se investigaron tanto acciones policiales como presuntas violaciones a derechos humanos.
