En una sesión del Senado de la República, la senadora Jahel Quiroga, del Pacto Histórico y sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica, intervino para desagraviar a las víctimas y denunciar la tergiversación de hechos históricos por parte de María Fernanda Cabal, quien minimizó la responsabilidad del Estado en el exterminio de la UP. Su intervención, realizada en pleno del Congreso, fue presentada como un acto de reparación simbólica hacia las víctimas.
Con voz firme, Quiroga afirmó que la situación constituye «una revictimización muy grande» para las víctimas y dejó constancia de ese desagravio. «Quiero dejar una constancia, que a la vez es un acto de desagravio para las víctimas de la Unión Patriótica, por las ofensas recibidas de la senadora Cabal en una entrevista que le hace un periodista. La senadora Cabal dice que a las víctimas de la UP nos matamos entre sí porque los comunistas hacen actos de depuración; pero el Estado es responsable. Esa es una revictimización muy grande», declaró la senadora.
En respuesta, María Fernanda Cabal afirmó que «A la UP los exterminaron las Farc. Las Farc empezaron a matar a su propia gente. Y el ELN. El ELN ha sido de los peores asesinos de la Unión Patriótica. ¿Por qué no lo dicen públicamente? Porque el Estado es el que gira y el Estado es el que paga. Entonces, no digas cosas que no son». También sostuvo que «No me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica» y añadió que «Es escrito por unos sindicalistas del Valle del Cauca comunistas que no avalaban la lucha armada y advertían que podían ser asesinados. Y fueron asesinados. Manuel Cepeda Vargas tenía una fama terrible, que después, en medio de todo este país violento, terminara asesinado» y remató: «aquí no hubo conflicto armado interno. Aquí importamos el desastre comunista. Aquí lo que hubo fue una matazón de partidos políticos liberal y conservador, salvaje. Pero el que se metió por la mitad fue el comunismo. Y empezó a matar liberales primero».
Contexto histórico y cifras clave
La intervención de Quiroga se da en un marco de datos que señalan la magnitud de la tragedia y la presencia política de la UP. Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las víctimas superan las 6.000. En 1986, la UP logró una representación significativa en el Congreso: 5 senadores; 9 representantes a la Cámara; 14 diputados; 23 alcaldes y 351 concejales. En ese mismo año, mayo de 1986, la UP se ubicó como la tercera fuerza política del país, encabezada por Jaime Pardo Leal.
«Es escrito por unos sindicalistas del Valle del Cauca comunistas que no avalaban la lucha armada y advertían que podían ser asesinados. Y fueron asesinados. Manuel Cepeda Vargas tenía una fama terrible, que después, en medio de todo este país violento, terminara asesinado» – María Fernanda Cabal, senadora
Esta intervención cobra especial relevancia en un contexto en el que existen decisiones judiciales de alto impacto. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y, en 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz reconoció estas conductas como genocidio político, una aniquilación planificada y sostenida. El acto en el Senado busca, entonces, no solo desmentir afirmaciones negacionistas, sino también reclamar reconocimiento público y reparación simbólica para las víctimas en un país que sigue debatiendo su memoria histórica.
