La senadora Angélica Lozano denunció lo que calificó como “esclavitud moderna” por el retraso en el pago de honorarios de diciembre de 2025 a más de 2.500 contratistas del Estado colombiano, en entidades como el Ministerio del Interior, la Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Unidad de Proyectos de Infraestructura y Transporte (Upit). La denuncia se hizo pública a mediados de febrero de 2026, destacando que las cuentas de cobro ya fueron radicadas en reserva presupuestal, pero permanecen pendientes de validación administrativa, trámite en el Programa Anual de Caja (PAC) y el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación).
El atraso se debe principalmente a la falta de disponibilidad del PAC por parte del Ministerio de Hacienda, agravado por la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que impone restricciones al gasto público y la contratación estatal. Lozano criticó una “maratón de contratitis” previa a esta norma, con nueve billones de pesos comprometidos en contratos de noviembre de 2025 —seis billones en un solo día— y 37 billones en enero de 2026, mientras ahora se demora el pago a quienes ya prestaron sus servicios.
Cifras que revelan la magnitud del problema
En el Ministerio del Interior hay 1.410 cuentas pendientes, aunque se reportaron giros completos en febrero vía SIIF Nación. La DNP acumula 790 contratistas afectados, con 59 cuentas por pagar y 731 reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2025, donde los pagos suelen demorarse en promedio siete días hábiles una vez disponible el PAC. La Upit registra 126 pendientes al cierre de 2025, de los cuales 54 corresponden a diciembre, enfocados en personas naturales. Por su parte, el Ministerio de Ciencia tiene 69 contratistas en espera, con retrasos atribuidos a cuentas no radicadas oportunamente o documentación incompleta, ahora trasladadas a reservas de 2026.
«La gente no es cuerpo glorioso. Este trabajo duro es con el que llevan el pan a la mesa».
Angélica Lozano, senadora
Estos contratistas operan bajo la modalidad de prestación de servicios, sin prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías ni estabilidad laboral, lo que genera una presión económica brutal ante la mora en pagos que ya bordea los tres meses, pese a que el ministro de Hacienda había asegurado en diciembre que se pagaría mes vencido.
«No hay derecho a abusar de los más débiles».
Angélica Lozano, senadora
«Acaban de hacer una maratón de contratitis por billones antes de que entrara la ley de garantías, y ahora no les pagan a quienes ya trabajaron».
Angélica Lozano, senadora
«El ministro de Hacienda dijo en diciembre que se paga mes vencido y ya vamos a entrar a marzo».
Angélica Lozano, senadora
La situación pone en jaque la subsistencia de miles de familias que dependen de estos ingresos para llevar el pan a la mesa, en un contexto de anteala a las restricciones presupuestarias que exacerban las vulnerabilidades de los más débiles en la cadena de contratación estatal.
