Senadora Lozano revela que MinJusticia evalúa retiro de proyecto de ley de sometimiento

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La senadora Angélica Lozano Correa, del partido Alianza Verde, reiteró este fin de semana su exigencia para que se retire el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, radicado por el Gobierno nacional, y reveló que el Ministerio de Justicia está evaluando su continuidad tras una carta pública que ella misma envió el 24 de noviembre al ministro de Justicia encargado y al ministro del Interior. Lozano compartió la información en su cuenta de la red social X, acompañada de una imagen del documento oficial del Ministerio, en medio de crecientes tensiones internas en el Gobierno por las dudas sobre la efectividad de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro y los presuntos beneficios que el proyecto otorgaría a grupos armados disfrazados de actores políticos.

El anuncio genera incertidumbre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde el proyecto ya cuenta con ponencia para su primer debate. Según el Ministerio de Justicia, un proyecto de ley de iniciativa congresional puede ser retirado por su autor si no se ha presentado ponencia para primer debate, pero en otros casos requiere la aceptación de la comisión o la plenaria respectiva. En este escenario, existen dos ponencias opuestas: una favorable que incorpora 23 ajustes y propone reducciones de penas de hasta el 60 por ciento, y otra que busca archivarlo, con apoyos de sectores liberales, independientes y conservadores.

Críticas a la política de Paz Total

El proyecto de ley de sometimiento, elaborado a través de audiencias públicas y mesas técnicas con instituciones, sociedad civil y víctimas, no reconoce el carácter político de las agrupaciones armadas, tampoco incluye amnistías ni indultos, y supedita cualquier beneficio a la entrega de bienes, la liberación de secuestrados y la desvinculación de actividades ilícitas. Sin embargo, Lozano argumenta que los hechos recientes han demostrado fallas graves en su implementación, al convertirse en un mecanismo aprovechado por organizaciones criminales para fortalecerse a través de la institucionalidad estatal.

«He exigido en el Senado que retiren la ley de sometimiento. El presidente Gustavo Petro dice que yo ‘me deslicé a la derecha’ por criticar su fallida Paz Total, pero quien se deslizó fue su propio Ministro de Justicia: quien me respondió que están evaluando retirarla. Ese proyecto le da regalos a criminales disfrazados de políticos. ¿Presidente, usted sí habla con sus ministros?»

Angélica Lozano Correa, senadora de Alianza Verde

La senadora enfatizó que el retiro del proyecto no es solo un trámite legislativo, sino la necesidad de poner fin a una política que ella califica de fracasada y corrupta, especialmente ante la infiltración criminal que ha puesto en riesgo la seguridad nacional.

«Los hechos conocidos demostraron que no fue un camino de desarme ni de sometimiento, sino un escenario penetrado y aprovechado por organizaciones criminales que utilizaron la institucionalidad para fortalecerse. No se trata solo de retirar un proyecto de ley: se trata de poner fin a una política fracasada y corrupta. Ningún proceso puede llamarse paz cuando opera bajo infiltración criminal, cuando otorga ventajas indebidas a quienes utilizan al Estado para expandirse, y cuando pone en riesgo la seguridad nacional.»

Angélica Lozano Correa, senadora de Alianza Verde

Respuesta oficial del Ministerio

En su respuesta formal a la solicitud de Lozano, el Ministerio de Justicia confirmó que está «analizando la continuidad del proyecto», lo que abre la puerta a posibles cambios en su trámite legislativo. Esta posición contrasta con las expectativas iniciales del Gobierno y resalta las divisiones internas en torno a la estrategia de paz del presidente Petro, quien ha calificado públicamente las críticas de la senadora como un deslizamiento ideológico hacia la derecha.

La situación deja en vilo el futuro del proyecto en el Congreso, donde el debate sobre su retiro dependerá de la decisión del Ministerio y la aprobación de la comisión, en un contexto de polarización política que cuestiona los pilares de la Paz Total.

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