La senadora Andrea Padilla, de la Alianza Verde, presentó este martes 4 de agosto de 2026 ante el Congreso de la República un paquete de cinco proyectos de ley destinados a ampliar la protección animal en Colombia. La radicación de estas iniciativas, que contaron con las firmas de congresistas de todas las bancadas políticas, incluye la creación de un fondo nacional con recursos permanentes y el endurecimiento de las penas por maltrato y robo de mascotas. La legisladora busca que la defensa de los animales se consolide como una política de Estado que trascienda los periodos de gobierno, según lo expresó durante la jornada legislativa.
Los proyectos que comienzan su trámite en el Senado de la República deberán superar cuatro debates para convertirse en ley. El paquete legislativo contempla la creación del Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal, la denominada Ley Zoópolis que modifica la Ley 675 de 2001 sobre propiedad horizontal, la regulación de cabalgatas, la Ley Proteccionistas en apoyo a los rescatistas independientes y la reforma a la Ley Ángel, conocida como Ley Ángel 2.0, que propone penas más severas para quienes cometan actos de maltrato o crueldad contra los animales.
Un problema social y económico que requiere acción estatal
Las cifras presentadas por la senadora evidencian la magnitud del problema que buscan atender las nuevas normas. La Fiscalía General de la Nación ha recibido 42.753 denuncias por robo de animales con fines extorsivos, una práctica delictiva que actualmente no tiene un castigo penal claro. De igual manera, se reveló que el 90,8% de las personas que ejercen labores de rescate y cuidado de animales abandonados son mujeres de bajos recursos, quienes asumen esta responsabilidad sin ningún tipo de respaldo gubernamental. El ahorro anual que estos rescatistas representan para el Estado colombiano asciende aproximadamente a 61.073 millones de pesos.
«La defensa de los animales no puede ser una política de Gobierno; debe ser una política de Estado que trascienda. Debe contar con recursos permanentes, no de si al presidente de turno le gustan o no los animales»
Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde
La Ley Ángel 2.0, que reforma la normativa vigente sobre protección animal, propone aumentar las penas por maltrato, eliminar los beneficios judiciales para quienes sean condenados por mutilación o abuso sexual de animales y sancionar penalmente el hurto de mascotas con fines extorsivos. Por su parte, el Fondo Nacional de Protección y Bienestar Animal garantizaría recursos permanentes para el rescate, la atención veterinaria, la esterilización, la adopción y la promoción del bienestar animal en todo el territorio nacional.
La Ley Zoópolis busca prevenir los conflictos que se presentan en edificios y conjuntos residenciales por la tenencia de mascotas, mientras que la regulación de cabalgatas establece directrices sobre bienestar animal, seguridad y convivencia ciudadana en este tipo de eventos. La Ley Proteccionistas, por su parte, crearía mecanismos de apoyo estatal para los rescatistas que actualmente operan sin ningún respaldo oficial.
«Tenemos que acabar con ese flagelo de violencia animal y de conflictos sociales que está profundamente arraigado en nuestra sociedad»
Andrea Padilla, senadora de la Alianza Verde
Además de estos cinco proyectos, la senadora Padilla impulsa otras iniciativas que se encuentran en curso, como la Ley Cielos en Calma para prohibir la pólvora explosiva, la Ley No son mercancía que busca prohibir la venta de animales en vitrinas y la Ley Simona que regula la custodia y manutención de animales de compañía en casos de divorcio. También se contemplan propuestas adicionales como incentivos para las reservas naturales privadas y el fomento de sistemas de crianza libre para aves ponedoras.
La senadora enfatizó a través de sus redes sociales que la defensa de los animales no tiene color político y no debe detenerse, razón por la cual se radicaron estos primeros cinco proyectos del nuevo periodo constitucional con el respaldo de congresistas de todas las fuerzas políticas. Con esta iniciativa, se espera que el Congreso inicie un debate profundo sobre la necesidad de convertir la protección animal en una política pública prioritaria, con recursos permanentes y sanciones ejemplares que desestimulen el maltrato y el tráfico ilegal de animales en el país.
